Una sentencia judicial saca la catástrofe del Prestige a la calle once años después

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Logotipo de la plataforma ciudadana "Nunca Mais"
Logotipo de la plataforma ciudadana “Nunca Mais”

Miles de personas se manifiestan en la calle el pasado domingo 1 de diciembre convocadas en ocho ciudades gallegas por la plataforma “Nunca Mais”. La plataforma “irá a los tribunales europeos a buscar la justicia que hoy no encuentra en el Estado español”.

Tras diez años de investigación judicial y nueve meses de juicio. La mayor causa instruida jamás en España por un delito medioambiental se saldaba con una única condena al responsable a bordo del navío por desobediencia a las autoridades españolas. Nueve meses de cárcel para el capitán del barco, ya al borde de la jubilación, Apostolas Mangouras.

Libre de toda culpa quedaba también el jefe de máquinas Nikolas Argryropoulas. Absuelto e inocente además el Estado español, ya que el tercer acusado, José Luis Lopez-Sors, ex Director General de la Marina Mercante y responsable de la decisión de llevar el buque mar a dentro (a pesar de las opiniones especialistas y determinados sectores sociales), fue finalmente considerado en el fallo, víctima del desastre que intentó solucionar.

Esta resolución de la Audiencia Provincial de la Coruña, sumada al mutismo que ha existido estos últimos once años sobre las negligencias políticas, normativas y técnicas que se cometieron antes y durante del fatal desastre del Prestige, así como las consecuencias posteriores de más de 20.000 toneladas de fuelóleo que tiñeron de luto 2.000 kilómetros de litoral español de Portugal y Francia, ha desencadenado la indignación popular que se exteriorizó el domingo.

Más de 5.000 personas acudieron a la marcha más numerosa celebrada en Santiago de Compostela. Entre ellas políticos opositores, sindicalistas y fiiguras del mundo de la cultura. Ésta, culminaba su recorrido en la Praza da Quintana con la lectura de las peticiones de la plataforma leídas por el escritor Manuel Rivas, que desde el primer momento se ha significado en el movimiento “Nunca Mais”. Varios fueron los argumentos en los que basó sus reivindicaciones:

Uno: dotar los  medios necesarios para hacerle frente a cualquier otro accidente marítimo que se pueda producir en las costas gallegas. Dos, abordar  la gestión definitiva de los restos del fuel que permanece en el pecio del Prestige. Tres, el seguimiento de la salud de las personas que limpiaron el chapapote. Cuatro, las compensaciones pendientes en seguridad y salvamento marítimo. Cinco, la incorporación de la seguridad marítima en la gestión pública. Seis, dispositivos de control efectivo de separación de tráfico de las costas de Fisterra;  y Siete, la implantación de medidas legislativas que terminen con la impunidad de los que contaminan”.

Y es que hace once años, el Prestige, “un buque en perfecto estado de navegación y con todas las licencias de navegación en vigor y legalizadas, hasta ese momento” se desguazó como por arte de magia en las proximidades de la costa gallega. Los resultados del juicio que interpuso el Estado español no ha podido ser más pobre y decepcionante, resultando exentos de cualquier responsabilidad la agencia ABS que había asegurado la idoneidad del navío, el armador y quien realizó ese flete de carga que envenenó las costas gallegas y cantábricas. Con estos antecedentes y tras once años desde la catástrofe solo cabe plantearse cual es la situación actual.

Como consecuencia de la encomiable labor de miles de voluntarios y organismos que se implicaron en la limpieza y `prevención de los efectos; Antonio Figueras, biólogo marino y actualmente, uno de los tres vicepresidentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concluye años después que: “El impacto es mucho menor de lo temido en un principio”.

Según atestigua el por entonces director del Instituto de Investigación Marina de Vigo, los primeros momentos tras el vertido fueron tensos, cargados de pesimismo y de desconfianza. El mar, según dice, le volvió a sorprender, y ahora mismo debe estar prácticamente recuperado, y dice “debe” porque hay zonas inaccesibles, como los acantilados de la Costa de la Muerte, de difícil verificación. Según el investigador, lo importante de casos como estos es que no vuelvan a ocurrir, que exista un único órgano coordinador y que trabajen al unísono políticos y científicos. En este sentido señala la importancia de la divulgación científica para sensibilizar a todos los estratos de la población.

En definitiva, si bien la naturaleza ha hecho pese a todo sus deberes, ha sido la reciente sentencia judicial la que ha manchado otra vez de negro el panorama de esta bella tierra con un “chapapote” en el que se mezclan irresponsabilidad legislativa, prácticas poco escrupulosas, intereses políticos, demagogia y manejos de opinión de todos los sentidos, lo que lamentablemente desvía nuestra atención de lo realmente sustancial: la preservación de los recursos naturales marítimos y costeros absolutamente esenciales  para nuestra supervivencia, frente a situaciones como esta, de la nadie aún ha dado garantías para que no se repita.

Fotografía propiedad de El País

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