Una oleada de noticias sobre especulación y corrupción salpican los medios de comunicación

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Los efectos sociales, económicos y medioambientales de la macrourbanización se disparan

El pasado sábado 28 de Octubre tuvo lugar una manifestación en la Plaza Mayor de Madrid bajo el lema “la Vivienda es un derecho, no un negocio”. Esta manifestación en la que se congregaron alrededor de 20.000 personas es uno de los muchos actos que la Asamblea por una Vivienda Digna ha preparado en España. Los casos de corrupción y especulación nutren de noticias los espacios informativos de los distintos medios de comunicación. Se ha dado la voz de alarma ante una situación insostenible que lleva enraizada en nuestra sociedad desde el año 1997.

El primer caso del que tenemos constancia es el de la localidad marbellí bajo el poder de Jesús Gil. Pero no ha sido hasta el año 2006 cuando los implicados en la Operación Malaya han pasado a disposición judicial. Más de diez años han pasado hasta que estas personas han sido acusadas de malversación de fondos y saqueo del presupuesto del ayuntamiento. Ahora mi pregunta es: ¿les ha sido rentable?

Este caso ha sido tratado por todo los medios de comunicación, incluso por la prensa del corazón. Sin embargo, y por desgracia, no es el único. En nuestro país, Anticorrupción, actualemente, investiga una decena de ayuntamientos españoles; entre ellos destacan: Manilva, Telde, Camas, Seseña, Ciempozuelos, Calviá y Santa Cruz de Tenerife.   Constructoras, promotoras, alcaldes, concejales, entidades bancarias, personas públicas (por ejemplo: el ex presidente  Aznar y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre)… han quedado implicados en estas prácticas fraudulentas.

No obstante, estas personas tienen su vida y la de sus familiares asegurada, mientras que somos los ciudadanos de a pie los que tenemos que hacer frente a los costes sociales que se derivan de sus actuaciones:

  • Daño Medioambiental: por todos es conocido el caso del alcalde socialista, Joaquín García Fernández,el cual firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales para la construcción de un complejo hotelero en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en una zona de especial protección comunitaria.
  • Problemas en la entrega de viviendas nuevas por la reducción en el coste de los materiales, licencias de construcción inexistentes, falta de información para los compradores … En el programa de televisión “Callejeros” de la Cadena Cuatro se muestra multitud de casos  de personas que han tenido dificultades con sus viviendas recién adquiridas ( por ejemplo: aguas fecales en el garaje, humedades , suelos huecos…)
  • Diferencias de clases a la hora de acceder a una vivienda. Se ha intentado evitar el acceso a una casa de personas que no son “rentables”. Esto es, las ayudas que iban destinadas a personas con escasos recursos económicos, las conocidas como Viviendas de Protección Oficial, se han puesto en las manos de promotores y particulares (que no reúnen las condiciones de acceso a las mismas) que las venden a través de  inmobiliarias por el doble de su precio en el mercado.
  • Tardía emancipación de los jóvenes españoles que nos vemos abocados a vivir con nuestros padres hasta que consigamos un empleo que nos proporcione el capital suficiente para acceder a una hipoteca a  cuarenta o cincuenta años.
  • Como consecuencia de la reducción en la demanda de viviendas  existen millones de casas vacías ( 6.442.896 en el año 2001). Mientras la construcción se mantiene imparable en barrios lejanos al centro de la ciudad. Esto ha llevado a un colapso en las vías circulatorias.
  • Escalada de precios de la vivienda mientras los salarios se mantienen.

Todas estas situaciones que se derivan de una urbanización fraudulenta atentan contra el artículo 47 de la Constitución: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Este artículo se encuadra en el  Título I: de los derechos y deberes fundamentales. De manera que cualquiera de las situaciones expuestas  es una vulneración de un derecho fundamental.

Los distintos partidos políticos que han gobernado en España han legislado sobre esta materia de manera accidentada, en parte forzados por las circunstancias, ya que han respondido en función de los sucesivos fallos constitucionales. EL PSOE por su parte echa la culpa a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1998 promovida por el PP. No obstante, ha propuesto un decálogo para hacer frente a la situación que en cierto modo coincide con las medidas propuestas por el Defensor del Pueblo:: coordinación entre la Administración Central, las Comunidades autónomas y los ayuntamientos, mayor participación ciudadana a través de la transparencia informativa, crecimiento sostenible atendiendo a las necesidades demográficas reales y a los criterios de sostenibilidad, creación de ciudades equilibradas evitando así la dispersión y el abandono y degradación de lo barrios más céntricos y antiguos…

Fuentes relacionadas:
Callejeros – Quiero mi casa (1/4)
Callejeros – Quiero mi casa (2/4)
Callejeros – Quiero mi casa (3/4)
Callejeros – Quiero mi casa (4/4)

Fotografía:
http://www.escolar.net/

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