Se alquila quirófano a 400 euros la hora

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Los recortes sociales están a la orden del día y la Sanidad Pública no se muestra inume a esta problemática, sufriendo un deterioro constante y progresivo. La disminución de fondos públicos y las reformas sanitarias están perjudicando a millones de españoles, que siguen engrosando las listas de espera de los hospitales. La situación es especialmente alarmante en Cataluña, Murcia y Valencia, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).


Los recortes sanitarios que está implantando el Gobierno son, además de perjudiciales, innecesarios. Aunque también hay que considerar la financiación del sector privado, se debería reflexionar sobre las causas que sitúan a España como el país de la UE con menor gasto público sanitario per cápita y el que menos porcentaje de su PIB destina al gasto sanitario público. La razón principal de esta situación se debe a las políticas fiscales regresivas llevadas a cabo por el Estado durante los últimos años, con medidas de ajuste que no hacen sino acentuar más aún los desequilibrios del déficit estructural.

La FADSP ha elaborado recientemente un informe en el que se detallan los recortes sanitarios efectuados por las comunidades autónomas durante el periodo 2010-2012. En él se explica que, actualmente, España está atravesando una primera fase de recortes y que es probable que se produzca una segunda; esta hipótesis se materializaría tras las elecciones andaluzas que tendrán lugar en marzo de este año, momento en el cual se presentarán los Presupuestos Generales del Estado, que sin duda repercutirán en la aplicación de nuevas medidas de ajuste.

Las mayores disminuciones presupuestarias se han producido en Cataluña, Murcia y Valencia, donde además existe una gran deuda pública. Estos recortes implican el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal sanitario, el aumento de su horario laboral y disminuciones salariales generalizadas, ocasionando graves deterioros en la calidad de las prestaciones públicas. El ejemplo más ilustrativo se encuentra en Cataluña, donde en el último año se han sumado 25.000 personas más a las listas de espera de los hospitales públicos.

La introducción de tasas y/o copagos supone otro grave retroceso, porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos, lo que sumado a la crisis económica supone un serio problema para la ciudadanía española. “Está empezando a configurarse un sistema donde sólo el que pueda pagar tendrá una sanidad rápida y eficaz”, alerta Josep María Sabaté, responsable de sanidad del PSC en el Parlamento catalán.

A causa de los recortes, el hospital de La Seu d’Urgell dejó de programar en verano intervenciones quirúrgicas por las tardes, y ahora ha empezado a alquilar esos quirófanos a unos 400 euros la hora. La Generalitat ya ha abierto un expediente informativo al centro hospitalario, pero lo cierto es que la privatización y recortes del sector sanitario público amenazan con convertir a los hospitales en empresas con un único fin: la rentabilidad económica. Resulta indecente tal perversión del sistema, ya que el paciente acude al mismo centro y le trata el mismo médico que con la sanidad pública, pero si paga podrá ser operado antes de un mes, en vez de tener que esperar quién sabe cuánto para ser atendido.

Es evidente la pésima gestión que han tenido y tienen los gobiernos españoles en políticas públicas. La realidad es que el sistema sanitario español funciona gracias al sector privado, que financia el treinta por ciento del gasto social. Por supuesto, la solución que requiere el sistema sanitario es el ingreso de más fondos públicos, no menos. La subfinanciación de la medicina privada beneficia a corto plazo, pero perjudica enormemente el funcionamiento del sistema estatal. Desde los gobiernos se intenta convencer de que el único camino para superar la crisis es mediante los recortes de los servicios públicos, cuando la mejor solución sería revisar la política fiscal e introducir impuestos sobre el alcohol y el tabaco o reducir el gasto de farmacéuticos. Pero, claro, a algunos no les interesa adoptar estas medidas.

Fotografía: JCPaul

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