Reflexiones sobre el Consejo Audiovisual Catalán

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El Consejo Audiovisual Catalán, en el marco de las competencias de la Generalidad, vela por el respeto de los derechos y libertades que, en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual de radiodifusión y televisión, son reconocidos en la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña. Vela, asimismo, por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural en el conjunto del sistema audiovisual de Cataluña, vela por la neutralidad y honestidad informativas, y preserva el cumplimiento de las normas relativas al uso de la lengua catalana y el impulso del aranés.

Hay que destacar y valorar toda su labor a nivel de informes y recomendaciones sobre juicios paralelos en televisión y otros problemas como el de la violencia en los medios, la publicidad encubierta en radio, el tratamiento de las tragedias personales, las minorías o la violencia doméstica.

Sin embargo, el Consejo no es un tribunal de Justicia, sino un organismo político controlado por la mayoría gobernante del Parlamento de Cataluña. Sus facultades censoras  adquiridas y de gran alcance no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental.

Pero la polémica que genera el CAC reside en una problemática mucho más compleja, con fuertes argumentos no sólo en contra sino también a su favor.

Realmente poco se le puede reprochar al CAC en cuanto a su contenido, pues son muchos los programas donde se delinque sistemáticamente y a modo de tergiversación se incita a interiorizar ideas que atentan contra el bienestar común, pero cuando el cometido de  juzgar los delitos no recae directamente sobre los tribunales de justicia como órganos competentes, se está abriendo camino a un margen donde el control de los medios es susceptible de ser captado desde la óptica política, con todos los peligros que esto conlleva.

La idea de otorgar al CAC  la responsabilidad de adjudicar las licencias a modo de consejo independiente del poder político parece calibrada desde una mentalidad que realmente busca evitar la extralimitación de la libertad de expresión en busca de un bien común, pero en su ingenuidad residen todo tipo de recelos e incertidumbres que apuntan al peligro de que la censura se cierne sobre la prensa que no sea favorable al poder político de turno.

Debería apostarse por una fórmula más distanciada de las pasiones y discrepancias políticas que tan fervientemente se viven en la actualidad y que enfrentan cada vez de forma menos fácilmente reconciliable a los dos partidos políticos dominantes.

Esta ley señala que el Consejo es un organismo que goza de plena independencia respecto al Gobierno catalán y las Administraciones Públicas para el desempeño de sus funciones, y precisa que sus miembros serán elegidos de acuerdo con lo que prevea la ley que cree el Consejo. A juzgar por los términos empleados, podría pensarse que se está ante un organismo independiente del poder político. Sin embargo, la realidad es que los candidatos a formar parte del Consejo deberán comparecer ante una comisión parlamentaria que evaluará su idoneidad.

Así, la Generalitat asume jurisdicción sobre todo tipo de actividades, y asume poderes “desproporcionados” a su Gobierno y al CAC, ocupando competencias reservadas al Estado y arrogándose la capacidad de definición de veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales.

Si recibimos informaciones y opiniones contrarias sobre los mismos hechos, tendremos la oportunidad de plantearnos que una misma cosa no puede ser blanca y negra al mismo tiempo, y podremos investigar un poco y aplicar nuestra capacidad de análisis y crítica. Si por el contrario, se va conformando un pensamiento único o una opinión común sin alternativas, esa misma capacidad de análisis y crítica es mucho más difícil de aplicar.

Fotografía:
http://sollo-periodismo.blogia.com/2005/mayo.php

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