La prensa reacciona ante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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El pasado martes, 28 de mayo, tuvo lugar un foro sobre “El papel de los medios durante los procesos judiciales. Código Procesal Penal”, organizado por la Asociación de la Presa de Madrid (APM) a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley ha sido propuesta por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y contiene artículos que entrarían en conflicto con el derecho a la información y a la libertad de expresión de los periodistas. El acto fue inaugurado por el propio ministro y participaron representantes del ámbito jurídico y del periodismo. 

Integrantes de la mesa redonda
Integrantes de la mesa redonda durante el foro de la APM.

En la inauguración, Gallardón defendió que esta reforma pretende tratar un conflicto que no puede eludirse. La ley quiere regular esas situaciones donde choca el derecho a la información con la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el honor, la intimidad y la imagen de los imputados. El ministro declara que sería preocupante que la resolución de un juicio se condicione por prejuicios de la opinión pública durante la fase de instrucción o en la misma celebración del juicio. “Es un tema espinoso donde lo políticamente correcto puede no casar necesariamente con las soluciones que necesita nuestra sociedad”, declaró el ministro.

Por otra parte, expuso que el texto a debate no es el anteproyecto del Gobierno y que está abierto a cualquier modificación. Es por este motivo por lo que el Ministerio lo remitió a todos los afectados, como los periodistas, para que lo conozcan y opinen sobre él. Uno de los puntos más llamativos es el límite del secreto de sumario. Con esto, se pretende eliminar el vacío informativo que a su parecer provoca especulaciones y juicios paralelos.

Uno de los participantes, Nemesio Rodríguez –vicesecretario de la APM-, declaró que la Asociación se opone totalmente a los artículos que hacen referencia a temas periodísticos, a los que considera de “censura previa”. Uno de los puntos que regula el texto es lo que los medios pueden difundir o no cuando haya una fase de investigación, y le da la potestad al tribunal para pedir el cese de la difusión de informaciones de este tipo. El fiscal podría pedir a cualquier persona relacionada con el caso que no revele información. Si los periodistas publicaran información reservada, podrían incurrir en responsabilidades penales. Ante estos artículos, Rodríguez declara que “atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos; es una medida absolutamente rechazable que nos retrotrae a 30 años atrás”.

María Peral, redactora jefa de Tribunales del periódico El Mundo, también mostró su opinión y, coincidiendo con el vicesecretario de la APM,  se posicionó en contra del texto y lo tachó de “regresivo”.  José Antonio Álvarez Gundín, subdirector del diario La Razón, acorde con sus compañeros de profesión lo califica de “restrictivo”, destacando así que el foco lo pone en los profesionales de la información y no en el funcionamiento de los tribunales. También declaró que “esta reforma está pensada para cercenar al mensajero, no para hacer que se cumpla la ley”. 

En las últimas declaraciones de Justicia a Europa Press, se declara que existirá una garantía para que ningún medio de comunicación sea sancionado si publica informaciones de sumarios secretos, siempre y cuando no colisione con el derecho a la intimidad o al honor de los ciudadanos. Gallardón ha sido interrogado en los pasillos del congreso acerca de la ley y ha declarado que no acotará la libertad de información pero sí establecerá “medidas para limitar lo máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también se ha pronunciado al respecto. Su presidenta, Elsa González, ha declarado a Europa Press que “es inconcebible que una ley de este tipo prospere en una sociedad democrática”, y continúa: “¿En cuántas ocasiones si no se hubiera filtrado algunos de esos sumarios no se hubieran destapado corrupciones?”. La FAPE ya ha remitido una carta al ministro declarando su rechazo y tomará todas las medidas posibles para que no prospere, pues “entorpecerá la labor del periodista y aportará casi censura y autocensura” a los medios de comunicación.

Será en octubre cuando el texto sea llevado al Consejo de Ministros.

 Fotografía: M. A. Benedicto/ Asociación de la Prensa de Madrid

 

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