Rajoy da la espalda a la AVT

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El Gobierno da un giro radical a su ley antiterrorista, renunciando a muchas de las condiciones que exigía antes de ganar las elecciones. Asociaciones como la AVT se sienten traicionadas, mientras que la izquierda ‘abertzale’ considera insuficientes las reformas. La solución pasa por ceder y suavizar las relaciones, ya que la situación no es la misma desde que ETA anunció el fin de la violencia.

Todo preso merece la oportunidad de la reinserción, uno de los paradigmas de la democracia y también una de las perdices que a los gobiernos más les gusta marear. Reinserción, sí, pero depende de para quién. El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado la espalda a las peticiones de asociaciones radicales de víctimas del terrorismo, especialmente la AVT, flexibilizando sus intenciones. Antes de las elecciones, el PP tenía muy claro que no iba a acercar presos a Euskadi. Ahora, el Ejecutivo no sólo ha anunciado una reforma que no difiere mucho de la ley antiterrorista del PSOE, sino que también ha renunciado a muchas de las exigencias planteadas por los populares cuando se encontraban en la oposición.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó que la reinserción se dividirá en dos fases: en primer lugar, los presos que lo deseen deberán adherirse al plan y podrán ser trasladados a prisiones vascas para asistir a talleres de educación para la convivencia, entre otras cuestiones. En la Vía Nanclares, que promovió el PSOE, se exigían cuatro condiciones para poder entrar en esta fase: la desvinculación de la banda, el rechazo de la violencia, el perdón a las víctimas y hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus delitos. Ahora, el PP ha reducido a dos estas exigencias: el abandono de la banda y el rechazo solemne del terrorismo.

La segunda fase englobará beneficios penitenciarios, pero en este caso se mantienen las mismas exigencias que en la legislación anterior, con condiciones más duras y entre las que se encuentra el perdón explícito a las víctimas.

Las reacciones han sido variadas. Por un lado, las asociaciones inflexibles como la AVT mantienen su posición inamovible de no ceder en ningún punto hasta que la banda se haya disuelto completamente. Cabe preguntarse si, de disolverse ETA, la AVT lo creería, ya que aún hace ascos a la declaración del cese de la violencia. A estos grupos se une UPyD, el “partido del progreso”, como se autodenominan. Por otro lado, la izquierda ‘abertzale’ considera que no se ha avanzado respecto a la situación anterior, y que se sigue manteniendo una política de excepción hacia los presos vascos.

Para resolver esta espinosa cuestión, será necesario contar con ambas partes. No se puede pretender conseguir todo sin dar nada, como quieren los sectores más totalitarios, tanto de una parte como de otra. La solución radica en el diálogo y las cesiones. Este plan del Gobierno puede resultar insuficiente, pero es un paso importante, y más tratándose del PP. Con todo, es cierto que tarde o temprano será necesaria una amnistía para los presos políticos, ya que muchos de ellos no cumplen condena por delitos de sangre, sino ideológicos. Y los presos políticos no tienen cabida en un país que se haga llamar democrático.

Asimismo, Bildu tiene razón al criticar la situación de “excepción” de los presos vascos, ya que la ley española afirma que se buscará la cercanía al domicilio, siempre que sea posible. Y está claro que la situación no es la misma desde que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011.

De cualquier manera, todo pequeño paso es bienvenido, y de nuevo hay que remarcar que la solución de cualquier conflicto radica en el diálogo y la intención de ceder.

Fotografía: José María Mateos

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