El pasado domingo 17 de noviembre, dos mujeres muy distintas se perfilaron candidatas a la presidencia del país. La ex presidenta socialista Michelle Bachelet, cabeza de la coalición Nueva Mayoría y la candidata de Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei. Ambas, se medirán el próximo domingo 15 de diciembre en la segunda vuelta de los comicios generales.
La que fuera presidenta de Chile desde 2006 hasta 2010, no ha logrado cumplir las expectativas y el optimismo desatado en las jornadas previas a los comicios. Tras completarse el escrutinio, Bachelet obtiene un 46, 67% de los votos y su competidora Evelyn Matthei un 25%. En tercer lugar ha quedado el progresista Marco Enríquez-Ominami, con un 10,93%; el empresario independiente Franco Parisi le siguió muy de cerca con un 10,13% de respaldo. Ninguno de los otros cinco candidatos, que representaban una posición tildada de antisistema, lograron superar el 3%.
Pese a que Bachelet es la candidata favorita para la segunda vuelta, su coalición Nueva Mayoría -formada por partidos demócratas, cristianos e independientes de centroizquierda1- no es suficientemente fuerte en el Parlamento para aprobar algunas reformas clave de su programa electoral. Necesitará el acuerdo con la derecha, representada por la coalición Alianza –UDI y Renovación nacional-. Ominami y Parisi ya mostraron públicamente su apoyo a Michelle Bachelet para la segunda vuelta, por lo que el acuerdo en materias clave dependerá de las negociaciones entre el partido socialista y UDI.
La propuesta más compleja y polémica que se extrae del programa electoral socialista es la reforma de la constitución de 1980 –aprobada en los últimos meses de la dictadura de Augusto Pinochet- . La finalidad de esta iniciativa es cambiar el sistema electoral vigente, para buscar modelo de mayor proporcionalidad, establecer un Estado laico y garantizar “la igualdad social”. Otras medidas como la gratuidad universal en la educación y el fin del lucro en todo el sistema educativo que emplee recursos del Estado, suscitan más apoyo por parte del resto de grupos parlamentarios.
Pese a los buenos resultados económicos, la mejora en materia de captación de inversiones y el bajo desempleo resultante de la presidencia de Sebastián Piñera, Chile continúa teniendo graves problemas de disparidad social. Según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicado en octubre, las principales causas son la inequidad de sueldos y salarios, influida por la flexibilización del mercado laboral que genera más trabajo, pero con menores sueldos, la menor inversión en gasto social y el endurecimiento de los requisitos para acceder a los beneficios estatales. Según el índice de desigualdad del informe, el 10% más adinerado factura ingresos 27 veces más altos que el 10% más pobre.
Contra a estas desigualdades, han cobrado fuerza movimientos sociales entre los que destaca el colectivo estudiantil. El descontento manifestado en las calles se ha trasladado a la campaña electoral mediante promesas de profundo cambio político y social. Un cambio que requiere procedimientos basados en grandes pactos políticos. Es por esto que se le presupone al próximo gobierno chileno y a la oposición, colaborar en cuestiones fundamentales como los derechos sociales para hacer definitivamente de Chile el país competitivo que es.
