PP y Gürtel: Nuevos episodios

0
79

Los últimos informes policiales encargados de la presunta financiación ilegal del Partido Popular Valenciano (PPV) han mostrado pruebas fehacientes de la estrecha vinculación de Gürtel con la cúpula delictiva de Camps, y han llegado incluso a salpicar a la Dirección General del partido. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, José Cáceres, vuelve a enfrentarse a la ardua tarea de investigar un complicado entramado de corrupción política y empresarial. La “causa” Gürtel sigue sumando adeptos.

El magistrado que instruye la causa de financiación ilegal del PP en el TSJV imputó, en un primer momento, al Administrador General del partido, Cristóbal Páez, por presunto delito electoral durante los comicios generales de 2008, ante los indicios de haber falseado las cuentas durante la campaña. Poco después, nuevas pruebas demostraron que el PPV saldó parte de sus deudas con Orange Market por servicios realizados a esta formación política durante las elecciones municipales. Ante estas “sutiles” coincidencias, el magistrado, José Cáceres, pidió una revisión exhaustiva de todos los contratos que la Generalitat firmó con esta empresa, creada por Álvaro Pérez, El Bigotes, y bajo la dirección de Francisco Correa. Poco más hace falta para un nuevo episodio de declaraciones y comparecencias de trajeados corruptos…

Recientes informes han desvelado que Orange Market, o la red Gürtel, que viene a ser lo mismo, recibió el pliego de las condiciones técnicas de FITUR 2005 antes de que la Generalitat convocase el correspondiente concurso. En este supuesto delito de prevaricación en la edición de FITUR, en la que Orange Market resultó la adjudicataria final, están imputadas nuevas personalidades políticas, además de los ya célebres magnates de la trama (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo). La Secretaria General de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, el ex Tesorero del PP, José Luís Bárcenas, el Vicesecretario de Organización del PP, David Sierra, la Tesorera del PP, Yolanda García, y otros de menor rango que no pudieron agenciarse desorbitadas cuantías, están llamados a declarar por presunta financiación ilegal, en calidad tanto de imputados como de testigos, el próximo mes de mayo. Pese a las declaraciones de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, quien asegura que no habrá imputados en su gobierno tras el próximo congreso del partido, los populares valencianos van perdiendo credibilidad a medida que avanza la investigación de la codiciosa trama. La íntima relación entre el PPV y la red Gürtel resulta cada vez más evidente.

Un total de diecinueve políticos del PPV han sido imputados por exceso de ambición y falta de honestidad. Es difícil recordar los tiempos en los que la honestidad constituía uno de los pilares de nuestra moral política, antes de que la pandemia de corrupción asolara nuestro país. Ésta fue consecuencia de un desarrollo urbanístico estrepitoso que permitió a los altos mandatarios “acceder” a los fondos públicos, mediante empresas constructoras y demás eventos destinados a fomentar el turismo, o el deporte, o la cultura… Poco importa el pretexto. Los escándalos de corrupción se han convertido en una constante en los medios.

Esta tendencia corrupta, sin consecuencia electoral alguna, está debilitando drásticamente la credibilidad en la política por parte de los ciudadanos y advierte de la incapacidad de nuestros gobernantes por permanecer íntegros e incorruptibles ante la tentación. Demuestra, además, que la acumulación de poder, y de dinero, conduce irremediablemente al clientelismo y a la malversación. ¿Qué cabe esperar de la política y sus ejecutores?

Fotografía: Antonio Marín Segovia

Dejar respuesta