Peligran los parques y reservas de Canarias

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El incumplimiento de la normativa nacional referida a la protección de los espacios naturales de España pone en peligro la declaración de 37 parques y reservas del archipiélago que podrían quedar invalidados

Flickr CanariasNatureFue a escasos días de nochebuena cuando se daba a conocer que el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias (TSJC) cuestionaba la validez de los parques naturales de las islas y que podría, consecuentemente, anular su declaración. Esta situación tenía lugar debido al fallo del TSJC emitido por el recurso que presentó una empresa que se enfrentaba a una multa de más de 53.000 euros por infracción urbanística en el Parque Natural de Tamadaba, Gran Canaria. El colectivo realizó una construcción ilegal en dicho lugar y al ser amenazada con la cuantiosa penalización recurrió a la justicia, la cual se mostró a su favor debido a que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no estaba implantado en la zona. La ausencia de tramitación de los instrumentos de ordenación pertinentes en este terreno sirvió para destapar que casi cuatro decenas de espacios similares tampoco cumplían con la normativa estatal.

El Parque de Tamadaba fue declarado como tal en 1987 y es tan solo uno de los 37 parques y reservas que corren este riesgo en las islas por no cumplir con la legalidad. María del Mar Arévalo, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, aseguró en una rueda de prensa que aunque se diese el caso de invalidación “de ninguna manera va a suponer una carta blanca para que nadie considere que puede hacer lo que le de la gana en los espacios protegidos”. No obstante, Ben Magec-Ecologistas en Acción, uno de los colectivos ecologistas más importantes del país, ha calificado de “perversa” la sentencia y afirma que por la misma los espacios que afecta quedan “absolutamente indefensos”.

Dicha asociación, perteneciente a la confederación estatal de Ecologistas en Acción, había manifestado anteriormente la voluntad de presentar una queja al Consejo de la Red de Parques Nacionales por los recortes del Gobierno de Canarias en los presupuestos de los parques de las islas. Alegaban que tal reducción financiera acarrearía la ineficacia en la prevención y control de incendios al igual que en la protección de las especies que ahí habitan. Esta ausencia de fondos para destinar al medio ambiente ha llevado a que otros territorios del país consideren la privatización. En concreto el archipiélago Balear cuyo gobierno inició a principios de enero el trámite para hacer de gestión privada estos terrenos debido al gran coste que suponían a la Administración.

La escasez de fondos parece ser el último de los problemas que podrán tener estos lugares de resolverse el asunto a favor de aquellos que sostienen la ilegalidad. Asimismo, hace apenas unos días la UNESCO anunció que había dado los primeros pasos en convertir la isla de Fuerteventura en destino turístico especial debido a sus excepcionales condiciones para contemplar la Vía Láctea. Por ello podría convertirse en Reserva y destino turístico StarLight, uniéndose a la isla de La Palma que ya está protegida por la Declaración de Defensa del Cielo Nocturno y la Protección de la Luz de las Estrellas.

Mientras muchos territorios del archipiélago Canario han sido reconocidos y galardonados a nivel internacional, la ineficacia del sistema español en cuanto a su mera protección pone de manifiesto la vulnerabilidad que sufren estos espacios. Martín Marrero, portavoz del Gobierno de Canarias, aseguró que esta situación tan solo alcanzaría al hecho puntual sobre la sanción a la empresa constructora en Tamadaba. No obstante, aún queda por pronunciarse el Tribunal Supremo con su resolución final y hasta ese momento el peligro a los parques y reservas no deja de existir.

 

Imagen: Flickr

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