No habrá sanción para los malvados

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El Gobierno ha anunciado las medidas que llevará a cabo durante este año para recortar el déficit público. La amnistía fiscal, que ha sido la más controvertida, permitirá el afloramiento de hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda, aunque sólo se espera recaudar el diez por ciento del capital blanqueado. Además, los responsables quedarán exentos de cualquier penalización por estafa a la Administración. Se trata de una polémica medida que, para la gran mayoría de la población, resulta a todas luces injusta y anticonstitucional.

Un día después de que se produjeran en toda España las manifestaciones masivas de la huelga general, el Gobierno aprobó los Presupuestos Generales del Estado de 2012. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, anunció que se llevará a cabo el mayor esfuerzo de consolidación fiscal de la historia de la democracia. Entre las medidas se encuentran nuevas subidas de impuestos y una amnistía fiscal con la que se pretende regularizar el fraude. La medida está destinada a incentivar el afloramiento tanto del capital que se ha desviado a paraísos fiscales como de la economía sumergida, cuya suma se calcula equivalente al veinte por ciento del PIB.

Es decir, se trata de una oportunidad única para que quienes se vean afectados regularicen su situación lo antes posible, porque a partir de noviembre, según ha anunciado el Gobierno, se endurecerán las penalizaciones en torno al fraude fiscal. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero fraudulento que existe en España, el Gobierno espera recaudar alrededor de 2.500 millones de euros, lo que conllevaría un cierto desahogo para las arcas del Estado y un acercamiento al objetivo de déficit marcado por Bruselas. Pero, ¿qué hay de los honestos trabajadores que han ido declarando sus ingresos legalmente? ¿Quién les premia a ellos? Resulta paradójico que el Gobierno suba los impuestos a los que pagan y perdone a los que no cumplen sus obligaciones como ciudadanos. Una vez más, la justicia española otorga inmunidad a los corruptos.

Los españoles se encuentran en un período de desasosiego e irritación caracterizado por una grave desconfianza hacia la política. La crisis económica y la oleada de casos de corrupción están ahogando las últimas esperanzas de quienes aún confiaban en la democracia para paliar los períodos de adversidad. A pesar de existir altos índices de fraude y malversación entre los políticos de nuestro país, el ciudadano de a pie parece criticar en mayor medida la parcialidad de la justicia que las propias acciones corruptas. “La existencia de corrupción en el ámbito político radica en la opacidad de los comportamientos entre políticos y partidos y en la arbitrariedad con que actúa el sistema judicial español”, afirma el último análisis del CIS sobre la corrupción política en España.

No es de extrañar que medidas como la amnistía fiscal sean tan criticadas por los ciudadanos. Este precepto, además de injusto, es inconstitucional. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, señala el artículo 31 de la Constitución. ¿Qué querrán decir en la actualidad los términos “igualdad” y “progresividad”? ¿Estarán perdiendo significado a medida que se atenta una y otra vez contra los derechos de los ciudadanos y el Estado de Bienestar?

Hay que ver cómo cambian las cosas según la perspectiva. En 2010, Soraya Sáenz de Santamaría se mostró en desacuerdo respecto a la medida planteada desde el PSOE: “Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda”. Mariano Rajoy, por su parte, aseguró que “lo que España necesita para atraer financiación y capital no es una amnistía fiscal, sino confianza en la política económica del país y en el Gobierno que la debe implementar”.

Como líder de la oposición, Rajoy cumplía a la perfección su papel y ejercía las críticas pertinentes. Dos años más tarde, y ya como presidente, ni siquiera se atreve a dar la cara en los momentos difíciles. Ni se ha dignado a aparecer en la comparecencia en la que su partido ha hecho públicos los recortes y las subidas de impuestos previstas para 2012. ¿Es así como se promueve la confianza en un Gobierno?

Fotografía: Daniel Torrejón

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