Medicamentos más baratos

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La Ley del Medicamento española prevé una rebaja de precios del 20% en medicamentos de más de 10 años de antigüedad, y la inclusión de las formas farmacéuticas innovadoras en el sistema de precios de referencia.
Esta nueva ley, aún en fase de borrador,
tiene entre sus principales objetivos fomentar el uso racional de los fármacos, reforzar las garantías en materia de calidad y seguridad de los medicamentos e introducir medidas para la racionalización del gasto sanitario.

Las industrias farmacéuticas critican esta política de control de precios en los países europeos. Esto es así ya que lo entienden como una falta de apoyo a la innovación. Prueba de ello es que Farmaindustria estima que la rebaja del 20% en los precios conllevaría una reducción del 12% en I+D en el sector.  Los grandes laboratorios y los pequeños fabricantes de genéricos ya están enfrentados por la ley de patentes, a pesar de que esta no entra en vigor hasta 2012. Sin embargo, estos enfrentamientos no llegan al caso de la India, donde la multinacional Novartis ha llevado a juicio al Gobierno para que retire sus patentes. Pese a todo, ambos tienen una causa similar: el derecho a proteger las innovaciones y a explotarlas en exclusiva. En España, la ley de patentes no entró en vigor hasta 1992. Como la patente dura 20 años, el sistema no estará plenamente vigente hasta 2012. Quedan, pues, cinco años de vacío legal, donde el antiguo sistema español ofrece agujeros por los que los fabricantes de genéricos van a intentar colarse.

Algunos de los aspectos positivos de la ley son los contenidos de la receta médica, su obligatoriedad para dispensar medicamentos de prescripción, el mayor control que prevé sobre los productos milagro, la modificación de los prospectos para su mayor comprensión por el usuario, mejoras en la política de precios, promoción y publicidad de medicamentos y ensayos clínicos y la prefiguración de una arquitectura nacional para la receta electrónica, que tendría una gran trascendencia en la calidad y comodidad del servicio farmacéutico. Entre los aspectos negativos destaca la posibilidad de que los genéricos se presenten con denominaciones comerciales en vez de con su principio activo. Esto llevará a que se eternice la influencia de los laboratorios sobre las decisiones de los médicos.

Este proyecto llega en un momento en que hay una serie de cambios demográficos y epidemológicos, como el envejecimiento de la población, la prevalencia de patologías crónicas, la yatrogenia (reacciones adversas producidas como consecuencia del uso de medicamentos o de un determinado tratamiento médico) y la inmunoresistencia. Por ello, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cree que aún tiene cosas por completar. Una de ellas es que todos los medicamentos con el mismo principio activo deben adoptar características similares (bioapariencia). Con esto se pretende conseguir que los usuarios de la tercera edad, polimedicados y con patologías crónicas puedan confundirse si les prescriben fármacos distintos a los que consuman de forma habitual. Otra es la habilitación de dispositivos de dispensación personalizados en farmacias para usuarios con ciertos niveles de discapacidad.

La ley presenta otras mejoras con la anterior de 1992, a pesar de todo.  Entre ellas, destacan tres. En primer lugar, una financiación selectiva de los nuevos medicamentos que incorporen mejoras reales. En segundo lugar, reforzar el sistema de farmacovigilancia. Con ello obliga a los laboratorios farmacéuticos a realizar una evaluación continuada de los medicamentos y comunicar cualquier novedad o efecto adverso. En tercer lugar, la ley prohíbe la venta por correspondencia o Internet de medicamentos sujetos a prescripción.

El precio de los medicamentos en España no es bajo comparado con el de otros países europeos como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Portugal y Reino Unido. A pesar de tener unos precios de laboratorio competitivos, el precio de venta al público sube al añadir los márgenes de distribución del almacén y de las farmacias y el IVA (4%). Comparando los índices de precios de venta al público, el estudio de OCU sitúa a España como el cuarto país más caro de los analizados. Por ello, esta iniciativa puede ser un golpe para la llamada farmacocracia.

La propiedad intelectual y la propiedad privada tienen unos límites. No deberían estar por encima del bien común, la salud y el bienestar.

Fuente del texto:
Diario Médico (
www.diariomedico.com)
Correo Farmacéutico (
www.correofarmaceutico.com)
Fuente de la imagen:
http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2007/09/medicamentos.jpg

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