¿Más penas, menos fraude?

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Mediante una nueva reforma del Código Penal, el Gobierno pretende perseguir el fraude fiscal y endurecer las penas establecidas para esta clase de delitos. La iniciativa, promovida para aumentar la recaudación y así salvaguardar lar arcas del Estado, supone la llegada de buenas noticias que, sin embargo, se ven ensombrecidas por la anunciada amnistía fiscal.

El pasado 11 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal. Con esta iniciativa se pretenden endurecer las penas contra los defraudadores de la Seguridad Social o de cualquier materia tributaria. La reforma que no afectará en modo alguno a todos aquellos evasores que se acojan a la amnistía fiscal, que no serán denunciados ante los juzgados ni perseguidos por las posibles irregularidades contables o fiscales que hayan podido cometer.

La pena máxima de cárcel en los casos más graves de fraude (si supera los 600.000 euros, si procede de una organización criminal o si se recurre a paraísos fiscales) pasa de cinco a seis años. A su vez, el plazo de prescripción de estos delitos se amplía de cinco a diez años. El principal objetivo de esta reforma es impedir que los casos de corrupción o tramas criminales (procesos largos y complejos) queden impunes.

Los inspectores de Hacienda han reclamado en repetidas ocasiones el endurecimiento de las penas, el aumento del plazo de investigación y la instauración de un nuevo tipo de delito más severo para hacer frente al fraude fiscal. Sin embargo, no parecen haber sido las quejas de los funcionarios el principal motor de esta iniciativa. El Gobierno necesita ingresos con los que cumplir el objetivo de déficit público y calmar al receloso mercado. La nueva reforma agiliza los procedimientos de recaudación en los delitos fiscales y facilita las regulaciones voluntarias.

Lástima que esta reforma del Código Penal venga acompañada de una medida tan injusta como la citada amnistía fiscal. El afán por rellenar las arcas del Estado no conoce límites ni ética que le frenen. Mientras los ciudadanos de a pie pagan sus impuestos y cualquier error o descuido en las cuentas son perseguidos y sancionados, los grandes estafadores serán “perdonados” por el módico precio del diez por ciento del dinero negro que saquen a la luz.

Parece que el Ejecutivo trata de dar una de cal y otra de arena, quizá para acallar a los cada vez más descontentos ciudadanos españoles, que siguen pagando “excesos del pasado” como la especulación financiera, la irresponsabilidad de los banqueros, la corrupción política o el fraude fiscal. Sí, ese fraude fiscal que ahora será perdonado y, quizá, en el futuro penado con mayor ferocidad.

Fotografía: Image Source/Corbis

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