La ‘Ley Anti 15M’ enciende las redes sociales

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El Gobierno prepara una nueva ley que castigará con 600.000 euros de multa a la persona u organización que convoque manifestaciones frente a organismos estatales por las redes sociales.

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Dentro de la lista de nuevas leyes para, según el Ministerio del Interior, preservar la seguridad ciudadana y el orden público, se encuentra la que ya ha sido bautizada en las redes sociales como ‘Ley Anti 15M’ o ‘ley mordaza’. Con esta nueva norma,  el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende acabar con las manifestaciones frente al congreso u otros organismos estales y los ya conocidos escraches  multando con 600.000 euros a quienes convoquen este tipo de concentraciones vía Twitter o Facebook. 

Sobre el anteproyecto de ley cayeron múltiples críticas a través de Twitter bajo el hashtag  #LeyAnti15M, que ha sido trending topic en España durante dos días. Los twitteros han mostrado su indignación diciendo que esta nueva norma es ‘’una amenaza para las libertades públicas y la democracia’’ y otros han señalado que ‘’es una muestra del miedo que tiene el Gobierno antes las protestas y movilizaciones ciudadanas por la búsqueda de sus derechos’’.

Otras plataformas afectadas directamente por esta norma como Democracia Real Ya , han comparado a través de la red social microblogging esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana con la de Vagos y Maleantes que Franco promulgó en 1954.

Ante el aluvión de protestas, Mariano Rajoy ha tenido que salir en defensa de  la ley ideada por la delegación de Jorge Fernández, y ha dicho que  “una de las obligaciones del Gobierno es garantizar la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos, y no es otra pretensión distinta la que pretende esta ley”.

El viernes 22 de noviembre el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el ante proyecto de ley en su escala por convertirse en orden legal. El texto también recoge otras 21 infracciones consideradas ‘’muy graves’’ tales como amenazar, insultar, vejar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las manifestaciones que se sancionará con una cantidad que oscila entre los 1001 y los 30.000 euros. También entre esas cantidades oscilará la sanción de aquellas personas que fotografíen a los policías y distribuyan tanto esas imágenes como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o poner en riesgo una operación.  

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos, oficios religiosos y demás actos públicos; las manifestaciones sin autorización en torno a infraestructuras consideradas críticas como una central nuclear o un aeropuerto; participar en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras para dificultar la identificación por parte de la policía; son otras de las prohibiciones que el Gobierno presentará el viernes en el Congreso con fin de imponerlas en un futuro no muy lejano.

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