La temida reforma laboral

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El pasado domingo, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) convocaron una manifestación contra el decreto ley que abarata y facilita el despido, resultado de la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno el 9 de febrero. El Ejecutivo defiende la necesidad de esta reforma ante una tasa de desempleo del 21,5 por ciento, mientras que los sindicatos afirman que dichas medidas “generarán más paro” y “aumentarán la precariedad” de los trabajadores.

Las promesas de Mariano Rajoy durante la campaña electoral han caído en saco roto. “El PP no pretende abaratar el despido”, afirmaba en Twitter el líder popular durante el periodo de elecciones. Dos meses después de su llegada al Gobierno, las medidas se suceden y las promesas se rompen. La nueva reforma laboral mengua la defensa de los empleados, con una indemnización por despido improcedente que desciende a veinte días de salario por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

La reforma, “extremadamente agresiva” según el ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba además con la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE), una medida que reduce las posibilidades de negociación de los sindicatos. “A los padres los van a despedir barato y fácil, y a los hijos los van a contratar fácil, a lo mejor, pero más barato”, aseguró Cándido Méndez, secretario general de UGT.

Se trata de la reforma más profunda del Estatuto de los Trabajadores desde su aprobación en 1980. El Gobierno del PP defiende su decisión amparándose en un arma de doble filo: cuanto más barato es el despido, menos miedo tienen los empresarios a contratar de forma indefinida. Sin embargo, para los sindicatos no hay palabras que justifiquen estas medidas. “Esta reforma en sus consecuencias prácticas es la del despido único”, denunció Méndez.

La primera manifestación contra la reforma laboral podría ser la antesala de la huelga general que vaticinaba Rajoy en su charla con el primer ministro finlandés, Jyrki Katainen. Los sindicatos han denunciado que las medidas del Gobierno son fruto de la presión a la que está sometida España por parte de Bruselas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. “El Gobierno actúa como si España fuera un país intervenido”, señaló Méndez.

La mayoría absoluta alcanzada por el PP le ha dado carta blanca para hacer y deshacer a su antojo sin la necesidad de debatir ni negociar con el resto de partidos políticos. Con una tasa de paro del 21,5 por ciento, la reforma laboral se antojaba más que necesaria. La pregunta es si las medidas del Gobierno, decididas de manera unilateral, son la solución o, por el contrario, generarán más paro y más precariedad para los trabajadores. Los sindicatos, mientras tanto, pronostican un negro futuro para los empleados. “Se confirma el peor de los escenarios en una situación muy mala”, remató el secretario general de UGT.

Fotografías: Photosindia

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