La superioridad británica

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Reino Unido pretende fortificar sus fronteras a partir del año 2010 con medidas legales aún más restrictivas para los inmigrantes extracomunitarios.
El proyecto de reforma legislativa que ha presentado en estos días el Partido Laborista ante el Parlamento británico, con la Ministra del Interior como abanderada, pretende establecer políticas tributarias e integristas dirigidas a los inmigrantes no comunitarios con el fin de reducir la temporalidad estacional de los mismos.

Los inmigrantes extracomunitarios podrán obtener el pasaporte del Reino Unido bajo algunas condiciones previas, que hasta ahora se reducían a la acreditación de cinco años de residencia obligada en el país. Con posterioridad, la administración pública realizará un seguimiento de su integración social para mantener el derecho a la nacionalidad británica.

De esta forma, entre los requisitos previos para obtener la nacionalidad se requerirá a partir del año 2010 el conocimiento de la lengua inglesa, el pago de una tasa adicional en visados, que se ve incrementada en un 10% del coste actual, para cubrir los ulteriores gastos en los servicios públicos que utilizará el futuro ciudadano, además de la ya mencionada acreditación de cinco años de residencia efectiva en el país.

Una vez obtenido el pasaporte británico, se pasará a ser lo que se denomina “ciudadano a prueba” durante uno a tres años, con unas condiciones básicas para mantener la nacionalidad, como la demostración de su “compromiso e integración social”, con trabajos de voluntariado, participación en asociaciones escolares, etcétera. Por otra parte, no se tendrá acceso íntegro a los beneficios públicos y a ningún tipo de subsidios. Incluso, se anuncia mayor carga impositiva para aquellos inmigrantes con hijos escolarizados o personas de edad avanzada a su cargo, y ello bajo el argumento de que en esas circunstancias se produce mayor gasto sanitario.

El incumplimiento de esta futura reglamentación interrumpirá el proceso de nacionalización, o será denegado el pasaporte de forma definitiva.

La oposición conservadora se ha adelantado a criticar estas medidas, tildándolas de insuficientes, proponiendo establecer cuotas anuales de inmigrantes, al considerar que el Estado acabará pagando un mayor gasto social y burocrático. Por su parte, los liberaldemócratas, la tercera fuerza política del Parlamento, se atreve a calificar a los inmigrantes de “chivos expiatorios” de los fallos del Ejecutivo en la gestión de los servicios públicos.

La Ministra del Interior del Reino Unido, Jacqui Smith, se defiende de estas críticas determinando que “nuestra propuesta para la ciudadanía es clara y simple. Los derechos y beneficios serán accesibles a todos aquellos que puedan demostrar un compromiso con nuestros valores y la voluntad de contribuir a nuestra comunidad”.

Este proyecto de reforma legal presentado por el Partido Laborista tiene como objetivo oficial el reducir la temporalidad de los inmigrantes extracomunitarios en el país británico, aunque sus objetivos más camuflados se dirigen hacia la reducción de los gastos en servicios públicos y sociales que ocasiona esta nueva población que llega a las naciones del primer mundo y, de manera cardinal, al cierre encubierto de sus fronteras a las cíclicas oleadas de inmigrantes que se están observando en la actualidad sobre la mayoría de los países comunitarios.

Una iniciativa legislativa muy discutible en su contenido y en su forma, en su carácter falto de toda ética y moral humana. Quizá no lo sea tanto en su practicidad, aquella que trata de reducir una sobrepoblación inmigrante creciente, que no debemos olvidar, aporta muchos millones a las arcas estatales, con un balance muy positivo aunque se ejerza un consumo negativo en servicios sociales de índole público. En esa misma justificación, se podría señalar la no integración social en algunos casos del nuevo ciudadano extranjero a las costumbres y formas de vida del país que le acoge, al crearse guetos, y por ende, desigualdades de mayor calado, que en ciertas ocasiones desencadena en conflictos sociales.

Estas mismas pretensiones ya fueron llevadas a la práctica en 2006 por Sarkozy en Francia, lo que provocó graves disturbios en numerosas ciudades galas.

Por ello, tratar de disimular el bloqueo de fronteras con las novedosas políticas integristas que se están comenzando a practicar en Europa y en Estados Unidos es deleznable, totalitarista y positivista. Toda persona debe ser tratada como hombre o como mujer desde su máximo concepto humano, con todos sus derechos y libertades fundamentales, con todos sus deberes y obligaciones civiles, pero siempre desde la igualdad del ser humano.

Ayudar al inmigrante a integrarse en la sociedad que le está adoptando, mediante medidas sociales, políticas o económicas es todo un acierto para cualquier gobierno de cualquier nación. Tal auxilio real y serio para la total integración del extranjero en las costumbres, valores y normativas del país de destino daría lugar a un menor rechazo de los nativos de esa nación adoptante, radicando en un grado mayor el racismo en el que nos hemos instalado. Pero tratar de que ese ser humano no tenga la misma igualdad que sus congéneres para obtener una nacionalidad redunda en el maravilloso egoísmo que los países ricos detentamos en este proceso de globalización en el que estamos inmersos desde finales del siglo veinte.

Más inmoral es cerrar nuestras fronteras a nuestros iguales que intentan alcanzar una vida mejor, llena de oportunidades, mientras los países ricos se colocan una venda en los ojos o miran hacia otro lado, olvidando que deberíamos acometer un problema mundial de mayor profundidad: la pobreza del tercer mundo, aquella que engendra los movimientos migratorios que tanto nos preocupan. Esa indigencia que muchos seres humanos sufren a diario, y a la que convendría paliar con acciones económicas, políticas y humanitarias más serias por parte de los estados ricos que den lugar a un reequilibrio social en el Mundo. De tal forma, quizá no existirían tantos inmigrantes divagando por el mundo, quizá no existiría ese rechazo en aumento que nuestras sociedades muestran ante la avalancha de extranjeros en países extraños con seres humanos ‘superiores’.

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Óliver Yuste es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Su experiencia profesional como periodista se ha desarrollado en diversas publicaciones periódicas como las revistas culturales Experpento o Paisajes Eléctricos Magazine, las revistas universitarias La Huella Digital, Punto de Encuentro Complutense y mÁs UNED, o la colaboración como escritor en la revista literaria chilena Cinosargo, además de mantener sus propios blogs, como la bitácora personal donde se ahogan los gritos de mi mitad. En estas publicaciones en soporte papel y digital se divulgan algunos de sus artículos periodísticos de opinión, críticas y entrevistas musicales, además de artículos literarios como relatos cortos, cuentos y poesías.

También está dedicado a la creación literaria como escritor de novelas y poesía, una faceta en la que cuenta con el libro de cuentos Azoteas, en proceso de edición, y la publicación del cuento “La Libertad de Ser Feliz” en el libro Cuentos Selectos III, publicado en 2002 por la Editorial Jamais. Además de ser galardonado en algunos certámenes literarios: Primer Premio de Poesía Ramiro de Maeztu 1997, Premio Accésit del IV Concurso de Redacción “El Teatro Clásico en Escena 1997” o Finalista en el Concurso de Relatos Cortos “Premios Jamais 1999”.

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