La Reforma migratoria de Estados Unidos: un cambio que no llega

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La nueva ley de inmigración presentada ante el Senado por el “Grupo de los 8” sigue bloqueada por la Cámara de Representantes. Mientras el debate público se enfría, estados como Arizona o Georgia aplican leyes más restrictivas que nunca.

Fotografía: John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Creative Commons.El 12 de noviembre diversos activistas defensores de los inmigrantes iniciaron una huelga de hambre. Días después, alrededor de 150 niños desearon un “feliz cumpleaños” a John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes. A través de varias tarjetas de cumpleaños hechas a mano pidieron una votación de la reforma este año. El objetivo de ambas iniciativas es común: reactivar un debate política que se ha enfriado. Un fin que también persigue el gobierno de Obama. Prueba de ello, es la reunión que el presidente de Estados Unidos mantuvo con empresarios a comienzos de mes para hablar de la reforma. En el encuentro participó también el vicepresidente Biden, que desde el principio se ha alzado como uno de los máximos defensores del proyecto de ley. Esa misma semana, la consejera de la Casa Blanca sobre Violencia Contra la Mujer, Lynn Rosenthal, se refirió a la reforma como una medida necesaria en la lucha contra la violencia machista.

 La reforma migratoria es una iniciativa impulsada por el conocido “Grupo de los 8”. El grupo bipartidista, entre los que se encuentra el excandidato republicano a la presidencia John McCain, presentó el proyecto de ley ante el Senado en abril de 2013. La cámara alta, de mayoría demócrata, la aprobó. Sin embargo, la Cámara de Representantes, dominada por el partido republicano, rechaza un proyecto que cambiaría la estatus migratorio de 11 millones de personas. Los conservadores parecen “empecinados en bloquear cualquier legislación que represente un logro para la administración de Barack Obama”, según Maribel Hastings. La asesora ejecutiva de America’s Voice añade que a los republicanos no les importan los beneficios de un proyecto de marcado crédito compartido. Ellos solo piensan en las elecciones de medio tiempo de 2014 y las presidenciales de 2016 y “creen haber encontrado en la polémica su carta ganadora” sentencia.

Desde el primer intento de reforma de la ley migratoria actual, algunos grupos salieron a la calle para mostrar tu protesta. El conservador Tea Party, nacido en 2010, es uno de los más representativos dentro de la facción republicana. En junio de 2013 miles de simpatizantes se movilizaron frente al Capitolio. Los asistentes portaban carteles con mensajes como “Cierren las fronteras. No más extranjeros”. Políticos como el senador por Texas, Ted Cruz, o la congresista pro Misuri, Michele Bachmann, dijeron “presente”. También el famoso periodista Gleen Beck. Este afirmó, según declaraciones recogidas por la Agencia Efe, que el Gobierno debe frenar la entrada “a pie o por túneles” de los inmigrantes.

Fotografía: Protesta a favor de la reforma. Foto extraída de Consultas MIgratorias. Creative CommonsLa opinión de gran parte del partido republicano coincide con la idea de cierto sector de la población que ve en la reforma una amenaza. Algunos estadounidenses piensan que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los ciudadanos americanos. Los hay, incluso, que opinan que suponen una carga indebida en los sistemas educativo, sanitario y de bienestar social. Estados como Arizona o Alabama parecen compartir esta visión. Las leyes de inmigración aprobadas por sus gobiernos son muy restrictivas. Todas comparten un punto común: criminalizan la inmigración ilegal. Otro aspecto que se repite es el papel de la policía. Los oficiales pueden solicitar la documentación de una persona si tienen una sospecha “razonable” sobre su estatus migratorio. Sólo en Carolina del Sur dicha previsión está bloqueada. Sin embargo, en ese estado todas las empresas deben garantizar la legalidad de sus empleados. Lo mismo ocurre en Georgia. Allí, desde 2013, sólo las compañías con menos de diez empleados quedan exentas de esta norma.

Estados Unidos es una república federal. Como tal, cada estado tiene autonomía en ciertos ámbitos y puede imponer sus propias leyes. Pero las Cortes Federales pueden impugnar algunos apartados de las mismas. ¿El motivo? La Constitución es la ley suprema. Ninguna norma federal puede ir en contra de la Carta Magna. Por este motivo, en todas las leyes migratorias se han suprimido puntos. Alabama permitía que las escuelas públicas verificaran el estatus legal de los nuevos estudiantes. Sus familias también podían ser investigadas. Inconstitucional. Las Cortes Federales la desautorizaron.

Arizona imponía el registro a los extranjeros mayores de 14 años cuya estadía superara los 30 días. Impugnada. Carolina del Sur y Georgia consideraban delito “transportar, proteger o esconder” a un inmigrante sabiendo su condición de ilegal. Bloqueada. Aunque el Fiscal general de Georgia pretende recurrir la sentencia ante una corte superior. Y así un largo etcétera. Medidas bloqueadas o aceptadas de unas leyes que, sin embargo, no son las primeras.

En 1921 se aprobó la primera ley de inmigración de la historia de Estados Unidos. La “Ley de Orígenes Nacionalies” limitaba el número de inmigrantes según su nacionalidad. Así, cada año solo podía entrar un 3% del número de personas de dicha nacionalidad residentes en EE.UU. Y cada mes no podía superarse el 20% del total anual. En 1924, estos porcentajes se redujeron al 2% y 10% respectivamente. Pero no todas las nacionalidades tenían las mismas facilidades. Los inmigrantes del norte y oeste de Europa tenían una marcada preferencia. No así los de Europa del este y sureste, fuertemente limitados. Del mismo modo, los asiáticos eran “inmerecedores de Estados Unidos”. Pero aquellos procedentes de México, el Caribe, América del Sur o Centroamérica podían entrar libremente.

Durante los cuarenta años de vigencia de la ley hubo algunas excepciones. Entre ellas, se contaban las pequeñas cantidades de refugiados admitidos. Desplazados que huían de la Europa comunista o supervivientes del holocausto nazi, entre otros, eran recibidos sin grandes trabas. La “Ley Hart-Cellar” la sustituyó en 1965 y con ella se eliminaron de las cutas según raza. Estas leyes, aunque con limitaciones, no trataban a los inmigrantes como criminales. Los veían como potenciadores de la economía. Incluso se incentivaba la llegada de ciertos grupos como Italia, Grecia o Polonia. La actual reforma busca lo mismo.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes apelan precisamente a esta historia. La profesora de la Universidad de Nueva York, Hacia Diner, en un artículo reciente repasa la historia inmigrante de Estados Unidos. “La inmigración – señala – desempeñó un papel clave no sólo al hacer posible el desarrollo de Estados Unidos sino también al dar forma a la naturaleza básica de su sociedad”.

La reforma defendida por la administración Obama busca facilitar el trámite de residencia a más de 11 millones de personas. El primer paso será un permiso temporal de 6 años. Para ello deberá demostrarse la entrada al país antes del 31 de diciembre de 2011. Además, cada inmigrante deberá pagar una multa de 500 dólares y mantener al día sus impuestos. La residencia permanente supone el paso definitivo. El derecho a ella dependerá, no obstante, de varios factores además del pago de 1000 dólares. La persona que la solicite deberá estar al día de sus impuestos. Y especialmente, debe demostrar que trabaja regularmente y que tiene conocimiento de inglés y de cultura cívica. Aunque algunos familiares de miembros de las Fuerzas Armadas podrán obtener la residencia, según informó el presidente Obama hace apenas unos días.

La aprobación de la reforma traerá consigo cambios sociales importantes. La protección de las mujeres víctimas de violencia machista es uno de ellos. La nueva ley acabará con el temor de muchas inmigrantes a la deportación si avisan a las autoridades de su situación. Asimismo la concesión de visas especiales terminará con el juego de los maltratadores. Estos recurren muchas veces al estatus ilegal de la mujer para obligarlas a permanecer con ellos. Y es una visa supone permite solicitar permisos de trabajo y ayudas para una vivienda. La independencia económica de las supervivientes será una realidad.

Pero para que todo eso llegue la Cámara de Representantes tiene que dar el visto bueno a la votación. Según Kevin McCarthy, tercer representante de mayor rango de la cámara baja, “ya no hay tiempo”. Sin embargo, “se compromete a trabajar en la reforma” en 2014. Una promesa que el ex secretario de comercio Carlos Gutierrez no cree que se cumpla. 2014 supone el inicio del ciclo de las elecciones. Eso hace que el líder republicano, en declaraciones recogidas por el diario La Opinión, afirme que la reforma deberá esperar a 2017.

La nueva ley está en “stand by” por ahora. Pero tendrá que activarse pronto. Es una medida reclamada por un país donde la población hispana aumenta cada año. Su importancia llega a todos los sectores de la economía. Ya lo dijo Hacia Diner “la inmigración ha hecho a los Estados Unidos de América”. Y hoy sigue haciéndolo.

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