La reforma educativa de Wert levanta dudas y sospechas

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Las principales novedades de esta reforma residen en un mayor control de los planes de estudio por parte del Estado central, además de la introducción de exámenes al finalizar cada ciclo educativo, donde las pruebas de acceso a la universidad también serán modificadas. Las polémicas ante esta reforma van desde la posición de inferioridad en la que quedan las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades, hasta las intromisiones de la religión y la suspensión de Educación para la Ciudadanía.

Tanto en educación infantil, como en primaria y en secundaria se reforzarán las asignaturas troncales: lengua, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros -especialmente el inglés-. Otra novedad importante es el control que ejercerá el Estado central sobre los planes de estudio: controlará el 65% de las materias en las comunidades que tienen dos lenguas oficiales, y el 75% en aquellas en las que únicamente se habla castellano. 

También se establecen distintos exámenes de evaluación fijados por el gobierno. En educación primaria habrá dos exámenes: uno en tercero y otro en el sexto curso. En el primer caso, si el alumno muestra importantes carencias educativas será el centro el que decida si tiene que repetir curso o pasar al siguiente. En el sexto curso este examen no es vinculante. La tercera prueba se realizará en la ESO tras haber realizado el curso de iniciación al Bachillerato o a FP, a elección del alumno. Finalmente las pruebas de acceso a la universidad serán sustituidas por una prueba al final en Bachillerato. Los alumnos que quieran acceder a una universidad podrían tener que superar más exámenes establecidos por los centros e incluso entrevistas personales.

Por otro lado desaparece la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la cual sería sustituida por Educación cívica Constitucional. El contenido de esta nueva asignatura obviaría los grandes problemas sociales tratados en Educación para la Ciudadanía, para centrarse en las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”, incluyendo conceptos como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza, o el respeto de la propiedad intelectual. El tratamiento de la problemática social es sustituido por el respeto a los límites constitucionales para “evitar contenidos ideológicos”, en palabras del ministro de Educación.

Las confusiones y polémicas que esta reforma produce son bastante amplias. Por un lado, la división de las asignaturas en troncales, específicas y especiales, genera que idiomas como el catalán queden relegados a la categoría de especialidad, en una situación de inferioridad con respecto a la lengua castellana, y en un contexto en el que el Estado central tiene más control sobre los planes educativos. También cabe destacar las negociaciones que se han llevado a cabo entre el ministerio de Educación y grupos cercanos a la Conferencia Episcopal para favorecer la posición de la asignatura de religión. Se trata de que los alumnos que elijan no cursar religión tengan que escoger una asignatura alternativa importante, para persuadir al alumnado de que la mejor opción es la asignatura religiosa, en un intento de evitar la progresiva secularización de la sociedad. Además, en un primer momento se ha negado la celebración de estas reuniones, y posteriormente la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, ha declarado que sí se han celebrado, lo que genera bastante desconfianza entre la población.

Con respecto a la situación universitaria, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, cree que el nuevo modelo de acceso a la universidad, sumado a las medidas de ahorro del gasto educativo autonómico auguran “ciertas intenciones de privatizar la universidad pública”, estableciendo como primer paso que las universidades elaboren libremente sus pruebas de acceso, y por lo tanto allanando el terreno para la progresiva privatización de las mismas.

Fuente de las imágenes: Los Genoveses SA

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