La Ley de Seguridad Ciudadana podría chocar con el derecho a la información

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La Ley Fernández contempla sanciones a quienes graben o difundan imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público. Asociaciones de prensa como la FAPE y la APM creen que estos artículos podrían ser inconstitucionales y ocasionar “inseguridad jurídica”. 

51942La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) han expresado en una carta dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su “preocupación” por el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. 

Creen que algunos artículos “pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los editores que publiquen estos contenidos”. Y es que la ley prevé sanciones a quienes graben o difundan imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también rechaza dichas sanciones por el “interés informativo” que suscitan las manifestaciones, por lo que aseguran que cualquier intento de sancionar su cobertura “vulneraría los derechos a la libertad de expresión y de información”. Además, sostiene que la jurisprudencia española es “suficiente” para resolver los casos en que se atenta contra los derechos al honor y a la imagen de las personas.

Por otra parte, pocos medios de comunicación recogen estos artículos que pueden dañar el derecho a la información de los periodistas pues centran su atención en otro punto del anteproyecto: el que puede chocar contra el derecho de manifestación. El revuelo en las redes sociales producido por las críticas ciudadanas ha acrecentado el interés de los medios en este sentido.

Así, La Gaceta señala en su editorial que la Ley de Seguridad Ciudadana es “una norma necesaria” porque va a sancionar “los comportamientos incívicos” mientras otros medios comparan el anteproyecto con la Ley de Vagos y Maleantes de 1970, como el programa de Más Vale Tarde de La Sexta

En cualquier caso, los periodistas plantean si la nueva Ley choca con la Constitución y con la democracia. Jesús Duva alerta en El País de la “dudosa constitucionalidad” de algunos artículos que parecen “redactados directamente por mandos de los antidisturbios”. Siguiendo esta línea, García Montero, en Público, asegura que “exigir y practicar los derechos constitucionales puede convertirnos en cómplices de la sublevación”. 

La ley no sólo podría dañar el derecho a la información de los periodistas, también podría entrar en colisión con otros derechos fundamentales como el de asociación o reunión ya que prohíbe las manifestaciones y los escraches en determinados espacios públicos en los que la policía podrá establecer “zonas de seguridad”. El ministro del Interior ha salido al paso de estas cuestiones señalando que los derechos a la información y a la libertad de expresión se “preservan” en el texto y se hacen “compatibles” con el derecho a la intimidad personal y familiar de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fotografía: Paco Laínez/ FAPE    

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