La Iglesia y su “caridad” en los impuestos

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La Iglesia Católica protagoniza de nuevo la polémica sobre el pago de impuestos. Esta vez varios alcaldes persiguen que la institución pague el IBI, a fin de ingresar más dinero en las arcas públicas. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal se escuda en la ley del mecenazgo, aunque hace ya tiempo que la Iglesia tiene fines lucrativos. Su exención de este impuesto supone 3.000 millones de euros más con los que el Estado podría contar si se cambiara la normativa legal.

Hace unos días, los alcaldes de varios ayuntamientos de España comenzaron a estudiar alternativas para ingresar más dinero al erario público. Rebuscando, se toparon con la Iglesia y su exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así, incluso alcaldías del PP, como las de Valladolid, Zamora o León, están considerando la recaudación de nuevos impuestos a la autoridad eclesiástica. Sin embargo, el Gobierno central de Mariano Rajoy considera que las cosas están bien como están. Y es lógico, teniendo en cuenta el recorte de un cero por ciento a la Iglesia que ha quedado reflejado en los Presupuestos Generales del Estado.

Pero el problema llega con la ley, que presenta un vacío legal a este respecto. Según los acuerdos con la Santa Sede, las tasas municipales dependen de cada ayuntamiento, pero no el IBI, lo que genera un barrizal que podría tardar bastante tiempo en solucionarse. La Conferencia Episcopal, en voz de su secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, asegura que pagará la tasa sólo en caso de que la ley la obligue, y se ampara en la ley del mecenazgo, por la cual “estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles todos aquellos bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos”. Por tanto, junto a la Iglesia Católica, tampoco pagan el IBI otras confesiones religiosas, ONG’s o federaciones deportivas.

Es vital centrarse en la Iglesia porque su exención en este impuesto evita el ingreso de 3.000 millones de euros anuales, cifra representa un tercio de lo que el Estado ingresa por el IBI en la totalidad del territorio español. Además, la ley determina que debe tratarse de asociaciones sin fines lucrativos. La Iglesia cuenta con Cáritas, su principal órgano de caridad, pero no se cuentan sus ingresos privados a través del pago por visitar monumentos como la Catedral de Burgos, que si bien forma parte del Patrimonio Histórico de España, se encuentra gestionada por la institución eclesiástica.

Por supuesto, tampoco se pueden olvidar los 10.000 millones anuales que recibe del Estado como parte de los Presupuestos Generales, ni sus ingresos mediante escuelas privadas. Se mire como se mire, la Iglesia no puede alegar que se trate de una asociación sin ánimo de lucro y, al igual que las demás confesiones religiosas, debería pagar todos los impuestos y renunciar al resto de sus privilegios.

En caso contrario, al menos debería ser el Estado quien gestione todos sus bienes inmuebles, incluyendo el control de las cuentas y los flujos económico y comercial que pasen por las instituciones religiosas. Por último, todas ellas tendrían que rendir cuentas de las actividades en las que invierten el dinero que reciben del Estado, una exigencia que cumplen todas las personas y sociedades que reciben subvenciones, a excepción, por supuesto, de la Monarquía.

Fotografía: Kurtxio

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