La Complutense recibirá 19 millones de euros de Educación tal como ordena el Tribunal Supremo

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1365619828_808876_1365620191_noticia_normalLa universidad acude a la vía judicial para reclamar un importe acordado con la Comunidad de Madrid para inversiones en infraestructuras y seguridad, entre otros ámbitos.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha logrado que la Consejería de Educación le pague parte del dinero que le debe para infraestructuras, después de haber llevado el asunto a los tribunales.

Una sentencia reciente, que ha emitido el Tribunal Supremo y que obliga a Educación a abonar la cantidad de 19,5 millones de euros a la UCM. Este importe está incluido en el plan de inversiones 2007-2011 que la Comunidad de Madrid firmó con las seis universidades públicas madrileñas.

Dicho acuerdo recogía que los campus debían recibir en cinco años 585 millones fijos para rehabilitación, seguridad, accesibilidad, gestión de infraestructuras y otros 55 variables más, también para obras. Pero en 2008, con el argumento de la crisis, la Comunidad varió ese acuerdo y destinó cada año menos presupuesto del que había asegurado en 2007 a los campus.

Desde entonces, la Complutense, que arrastra una deuda millonaria desde hace varios años; ya ha aplicado varios planes de ajuste y bajadas de sueldo, entre otras medidas, ha llevado el caso al juzgado y las sentencias que respaldan su petición llegan poco a poco.

La UCM ya ha recuperado más de 80 millones de tres ejercicios, la última corresponde a 2009, y está en trámite la denuncia presentada para 2011. En cuanto al resto de universidades públicas, también han planteado recursos.

La nueva sentencia del Supremo, fechada el pasado día dos de este mes, da la razón a la UCM con el siguiente argumento: ese plan no era solo una previsión sino un acuerdo que comprometía a ambas partes. Los magistrados comprenden que la Comunidad debe abonar 19,5 millones de euros, la diferencia entre los 41 que había comprometido para 2009 en el documento citado anteriormente y los 27 millones que le había asignado en los presupuestos de ese mismo año.

Educación emitió una petición al tribunal para que no se admitiera el recurso de casación que presentó la universidad, ya que consideraba que el acuerdo no equivalía a “un convenio administrativo del que deriven las obligaciones de entrega de las cantidades reclamadas”, según recoge la sentencia. Los letrados de la consejería, a su vez, alegaron que el documento firmado por la entonces presidenta de la región, Esperanza Aguirre, y los seis rectores de las universidades públicas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Carlos III, Alcalá y Politécnica) no tenía “naturaleza obligacional inmediata”.

Pero los magistrados han analizado los apartados del plan para llegar a la conclusión opuesta: la Comunidad tenía la obligación de pagar. Desgrana los objetivos del documento: “prestación de los servicios universitarios” y garantizar “la sostenibilidad financiera de las infraestructuras” de los campus. “Del tenor del plan en su conjunto no se desprende en momento alguno que lo convenido fuera solo una previsión”, así recoge la sentencia, que al mismo tiempo subraya que se cerró “tras una negociación”. Incumplirlo, prosigue el texto, “constituye un supuesto típico de la inactividad de la Administración” que recoge la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El tribunal no acepta la indemnización por daños y prejuicios que reclamaba la Complutense por la redacción de proyectos que luego no se ejecutaron, ya que, dice, la universidad no ha argumentado suficientemente que “tales gastos hayan devenido inútiles”, puesto que los proyectos se pueden retomar cuando el campus recupere los fondos previstos.

El pago de costas a la Comunidad de Madrid tampoco lo obligará.

Imagen cedida por Universidad Complutense de Madrid

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