Desde el año 2007 el consorcio Unidos por el Canal lleva a cabo la ampliación del Canal de Panamá con el objetivo de mejorar su capacidad y efectividad comercial. Casi 7 años después, las obras se encuentran paralizadas por un elevado encarecimiento del presupuesto inicial presentado por la empresa concesionaria.
El canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más estrecho – un accidente geográfico entre los océanos Pacífico y el Atlántico, que une a América del Sur y a América Central-. Fue inaugurado en 1914 con el objetivo de favorecer el intercambio comercial y económico. Desde su creación, el canal ha influido decisivamente en los patrones del comercio mundial, reduciendo los tiempos de transporte intercontinentales y favoreciendo el comercio entre Oriente y Occidente.
Los primeros intentos de construcción se remontan a 1880, de la mano de una empresa francesa, que tras sucumbir a las presiones y a la problemática económica y técnica abandonó el proyecto. El ingeniero jefe de la obra cedió al gobierno de EEUU los derechos de explotación y construcción y el control de la zona colindante. En aquel momento, Panamá formaba parte de Colombia, quien rechazó el acuerdo con el gobierno estadounidense. Esta situación, produjo el auge de movimientos separatistas que reclamaban el derecho de los panameños a negociar directamente la construcción del canal con los Estados Unidos. La separación de Panamá de Colombia, se llevó a cabo el en noviembre de 1903, con apoyo de los Estados Unidos, por lo que inmediatamente después se firmó un tratado por el cual se autorizaba a EEUU a continuar el proyecto. El canal permaneció bajo el control estadounidense hasta que en 1977 los respectivos gobiernos acordaron la progresiva soberanía de la zona.
Tras las mejoras económicas y comerciales que supuso la creación del canal (que absorbe el 5% del comercio mundial), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) propuso una ampliación que doblase su capacidad y permitiese más tráfico. El origen de esta iniciativa se basó en una previsión de aumento de la demanda que, de no ser ampliado el canal, quedaría en manos de los principales competidores: el sistema intermodal de los EEUU y el Canal de Suez. A pesar de las críticas (basadas principalmente en el impacto medioambiental y en la fiabilidad de las previsiones de aumento de la demanda) se iniciaron en 2007 las obras para la ampliación. En esta ocasión, el proyecto se desarrolló a través de un acuerdo entre la ACP y la empresa concesionaria ganadora del concurso convocado para la ampliación. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), formado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Juan de Nul y la panameña Constructora Urbana obtuvo la mejor puntuación con una oferta de 3.118 millones de dólares, unos 400 dólares por debajo del presupuesto máximo establecido por la ACP.
Los problemas comenzaron el pasado diciembre cuando el grupo concesionario demandó 850 millones de dólares por gastos extraordinarios –habiendo reclamado otros 600$ en 2012-. Tras la negativa de la ACP, el grupo Unidos por el Canal, anunció la paralización de las obras a partir del 20 de enero si no se le concedían los aumentos presupuestarios reclamados. El grupo ha asegurado que no puede continuar “una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares (cerca de 1.200 millones de euros) en sobrecostos”. El consorcio culpó a información deficiente facilitada por la Administración y a eventos imprevistos, pero en el momento de la adjudicación, las empresas rivales consideraron que la oferta de GUPC era temerariamente baja.
Desde el anuncio de la paralización de las obras, las negociaciones se han sucedido sin descanso. La ministra de Fomento española, Ana Mato, viajó a Panamá para ejercer como intermediaria y el presidente panameño Ricardo Martinelli ha anunciado que viajara a Madrid y Roma para asegurar que se cumplan los compromisos establecidos. Hasta el momento, las diferencias entre las empresas que forman el GUPC son notables (la italiana Impregilo se ha pronunciado con requisitos más duros que los manifestados por la española Sacyr). Por su parte, la ACP se ha mostrado dispuesta a un nuevo adelanto de 100 millones de dólares, adicionales a los 784 millones ya desembolsados a cambio de que el GUPC aporte otros 100 millones para evitar la paralización. No obstante, la autoridad del canal ha anunciado tener un plan b en caso de estancamiento de las obras, aunque no ha revelado detalles al respecto.
