Informe Amnistía Internacional 2014, sin demasiadas mejoras

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La organización que trabaja por el respeto y la protección de los derechos humanos ha vuelto a presentar su conocido informe en el que refleja y analiza las irregularidades en esta materia en 160 países. Ha calificado este año como “catastrófico” y a la actuación internacional de “vergonzosa”. Su independencia de todo Gobierno, religión o grupo social y sus acciones en contra de estas violaciones hacen de este “libro negro” un referente de denuncia y presión universal.

 

Referente a España, destaca principalmente la austeridad del Gobierno ante los abusos cometidos por la policía contra los manifestantes. Muchos han sido sancionados y detenidos por participar en concentraciones espontáneas. De hecho, el Gobierno español promueve la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para restringir, aún más, los derechos de libertad de expresión y reunión imponiendo 21 nuevos delitos como la difusión no autorizada de imágenes que hagan peligrar una operación policial o las faltas de respeto a los funcionarios.

También matiza la actuación irregular en Ceuta y Melilla hacia los inmigrantes, especialmente en lo relativo a los informes sobre expulsiones ilegales y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad en las fronteras. Denuncia además, la enmienda del Partido Popular al proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que legitimaría las expulsiones sumarias a Marruecos desde estas provincias. Aunque las autoridades habían concedido protección internacional a 1205 personas, sólo a 255 se les reconoció la condición de refugiado. Se continúan realizando controles de identidad basados en características raciales o étnicas a pesar de que la Ley Orgánica obliga a respetar el principio de no discriminación.

Otra cuestión que ha desatado multitud de críticas es la resolución aprobada el 14 de marzo en la cual se limitan las atribuciones de las autoridades españolas para investigar delitos de derecho internacional como genocidio, tortura, o desapariciones forzadas cometidos fuera de España. Aunque Naciones Unidas ha reprendido seriamente este dictamen, no ha hecho nada al respecto. Se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen de Franco. Las autoridades españolas no facilitaron el trabajo al poder judicial argentino que ejercía la jurisdicción universal para investigar estos delitos.

En el marco internacional, acusa a 18 países de cometer crímenes de guerra y acentúa el devastador número de refugiados que asciende a 50 millones de personas, principalmente procedentes del conflicto sirio. El secretario general de AI, Salil Shetty, declaró que “es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar sus vidas“. También, incrimina a países como Rusia, Afganistán o Nigeria la imposición de leyes cada vez más restrictivas en derechos de libertad de expresión y reunión y a Ucrania por fomentar una especie de “Guerra Fría” en Europa. También ha remarcado que, pese a los buenos propósitos del proceso de paz en Colombia, no es recomendable hacerlo sobre una base de impunidad como la que se está dando.

Pese a estas calamidades, el informe también refleja algunos avances como la retirada del anteproyecto de ley aprobado en diciembre de 2013 que obstaculizaba el acceso a un aborto legal y seguro. No obstante, el gobierno reafirmó su intención de reformar la legislación vigente y exigir el consentimiento de los progenitores de las jóvenes de entre 16 y 18 años que quisieran acceder a un aborto legal y la entrada en vigor del Tratado sobre Comercio de Armas que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales si saben que hay peligro real de que se cometan genocidios o delitos de lesa humanidad.

La ONG exige a los diferentes actores responsables de estas violaciones que tomen medidas contundentes para resolverlas, especialmente a NNUU con propuestas como la renuncia al derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo en contextos de genocidio y atrocidades masivas.

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