Incierta seguridad

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La Seguridad Social podría entrar en déficit a finales de este año, según apuntan los informes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El acentuado deterioro del mercado laboral y la drástica reducción del número de afiliados indican que el saldo podría resultar negativo por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, la diferencia entre gastos e ingresos es pequeña y podría solventarse con los superávits de ejercicios de años anteriores.

El empobrecimiento de las instituciones públicas encargadas de la protección ciudadana es otra consecuencia de la crisis económica. En esta coyuntura marcada por la destrucción de empleo, no es sorprendente que el sistema registre un saldo negativo entre cotizaciones y gastos que lo acerquen al abismo.

Aunque la realidad no es tan alarmante, es la primera vez desde 1998 que el pilar de la seguridad da muestras de debilitamiento. Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha asegurado que los superávits anteriores van a solucionar el desfase entre ingresos y gastos, siendo innecesario un hipotético uso del Fondo de Reserva. Más preocupante sería la incapacidad de volver a la situación de bonanza que ha caracterizado a la Seguridad Social, lo que derivaría en un problema de financiación estructural.

Las prestaciones sociales, según recoge la Constitución Española, están garantizadas por los poderes públicos. A su vez, el incremento de la riqueza está sujeto a variables inestables como la inflación, la evolución de los mercados financieros, la especulación o los ciclos económicos que aumentan la incertidumbre. Todo esto ha supuesto una adaptación a las exigencias del fluctuante sistema financiero, por lo que políticos y agentes sociales han intentado aunar fuerzas para lograr la modernización de la Seguridad Social, la sostenibilidad financiera y la cobertura total de las prestaciones. El ejemplo más ilustrativo es la reciente reforma de la Constitución Española, llevada a cabo para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y evitar el déficit estructural de la Administración Pública.

Tras el Pacto de Toledo (1995), en el que se establecieron las primeras directrices para asegurar la estabilidad financiera, ya quedó patente la voluntad de consolidar la fortaleza de las instituciones sociales. El número de afiliados ha mostrado una tendencia creciente hasta el día de hoy, pero la devastadora crisis ha originado una brutal caída de las cifras de empleo que, a su vez, ha reducido las cotizaciones y el número de afiliados en todas las Comunidades Autónomas. Por la misma causa, las prestaciones han sufrido recortes presupuestarios en materias como educación o sanidad (pilares básicos del Estado de Bienestar).

Aunque los resultados de las cuentas no se conocerán hasta marzo, los desmesurados recortes dejan entrever que los responsables políticos han reorientado sus prioridades. ¿Y qué ocurre con la sanidad, símbolo y emblema de la salud financiera española? De momento, parece haber quedado relegada a un segundo plano.

La crisis amenaza a las instituciones públicas, pero el fin de las prestaciones y ayudas sociales lo hace aún más. La tendencia actual de privatización y conservadurismo político poco ayudará a solucionar esta situación tan desalentadora. El agotamiento de los sistemas públicos de redistribución de la riqueza podría suponer el triunfo de modelos económicos que potencian las desigualdades, lo que derivaría en un retroceso social sin precedentes.

Fotografía: Miguel Manzano 

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