Hungría protesta contra su cambio en la carta constitucional

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Unos 3.000 húngaros salieron a la calle el pasado domingo para manifestarse contra los cambios en su Carta Constitucional aprobados por el Parlamento la semana pasada. Este Parlamento, dominado por el Partido Conservador Fidesz votó a favor de, entre otras cosas, limitar el poder del Tribunal Constitucional.

Viktor Orbán. Foto cedida por commons.wikimedia.orgLa Unión Europea ha criticado esta reforma por sobrepasar los límites legislativos de la Unión, así como también lo han hecho Estados Unidos y grupos defensores de los derechos humanos. “Hungría todavía no es una dictadura, pero está haciendo méritos”, afirmó Laszlo Majtenyi, conocido abogado y defensor del pueblo durante la protesta. Por su parte, Viktor Orban, primer ministro de Hungría, niega que los cambios quebranten la legislación de la Unión Europea. Considera, además, que no son cambios antidemocráticos.

 Entre otros cambios de la Carta Magna se encuentran las limitaciones a las competencias del Tribunal Constitucional, la prohibición de propaganda política en medios de comunicación privados así como, abrir camino a penalizar a personas sin techo que vivan en la calle. Además, a partir de ahora, el Alto Tribunal puede revisar la Constitución y sus modificaciones solo en cuestiones de procedimiento, no de sustancia, y los fallos tomados antes de 2012 dejarán de estar en vigor.

 El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, afirmó en la pasada cumbre de la Unión Europea que tuvo lugar el pasado jueves que si la “situación es lo suficientemente seria” y se detectan “infracciones lo suficientemente graves”, se abrirá un procedimiento contra Hungría y sus cambios constitucionales siguiente el marco del artículo 7 del Tratado de la Unión. Este artículo prevé la posibilidad de suspender a un país con su derecho de voto si actúa contra los valores y leyes comunitarias.

Así, el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, explicaron en un comunicado emitido la pasada semana que estos cambios generaban “preocupaciones” en relación con el principio de estado de derecho, las leyes de la UE y los estándares del Consejo de Europa.

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