Hasta los jueces se niegan a aplicar el “tasazo” de Gallardón

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La nueva ley de tasas judiciales elaborada por el ministro de Justicia ha entrado en vigor hace una semana. La norma, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas, además de un coste de hasta 1.200 euros si se quiere recurrir ante el Tribunal Supremo, ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios e incluso por amplios sectores judiciales.

Alberto Ruiz-Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón

Los detalles de esta nueva norma son los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales, además de contemplar varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde. La norma ha sido tramitada con carácter de urgencia ante las Cortes Generales, saliendo adelante con los votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional y ha registrado diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas.

El preámbulo de la ley ya señala que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”, lo que ha provocado un amplio rechazo por parte de los grupos de la oposición y por el conjunto de operadores jurídicos, pues consideran que la subida de las tasas dificulta el acceso a los tribunales a la mayoría de los ciudadanos. Las subidas más significativas que ordena la nueva ley se dan en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que llegan a los 1.200 euros.

En fase de apelación se deberán paga 800 euros en ambos órdenes. En el ámbito social se contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Tribunal Supremo. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

Los rechazos y las protestas de los sectores judiciales son bastante amplias.  Asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno que se siente a negociar con ellos para conversar de “poder a poder”, es decir, desde “el poder ejecutivo al poder judicial” debido al “fracaso” de las negociaciones con el ministro de Justicia. Parece que el gobierno de Rajoy ha conseguido poner en su contra a la gran mayoría de los jueces: el poder judicial declara que vigilará la aplicación de la ley de tasas, el fiscal general asegura que algunas de esas tasas pueden ser inconstitucionales, un grupo de juristas también ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, y finalmente el parlamento de Navarra rechaza la aplicación del tasazo mediante la aprobación de un declaración.

En esta declaración se señala que las tasas judiciales “son injustas y perjudican al conjunto de la sociedad”, además de “hacer la justicia inaccesible para muchas personas”. En un segundo punto, la declaración indica que “el Parlamento de Navarra se proclama contrario a la aplicación de la medida en la Comunidad foral y en el conjunto de España”. En este contexto, las asociaciones judiciales perfilan una huelga para enero, mientras que desde el gobierno se sostiene que la medida es “sensata y equilibrada”.

Fuente de las imágenes: Deportes Alicante

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