Europa, los síntomas asimétricos y el desgobierno

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En todos los Estados existen sensibles asimetrías en su estructura económica. Estas se hacen más visibles en tiempos de crisis. Una de las principales funciones de los gobiernos de los Estados es la de reducir esa brecha que, normalmente, tiene una clara dimensión territorial. El crecimiento económico no garantiza que los gobiernos cumplan con su cometido. Así, tomando el caso paradigmático de Italia, vemos como décadas de rápido crecimiento no han hecho sino profundizar las diferencias entre un norte altamente industrializado y rico y un sur que sobrevive gracias a la actividad de la mafia.

Desde la firma del tratado de Maastricht en febrero de 1992, los Estados pertenecientes a la Unión Europea se obligaron a la consolidación de un mercado interior. Esto implica el refuerzo de una autoridad por encima de los Estados que asumiría una parte muy importante de sus funciones originarias. No en vano, podemos decir que, a los ojos de otros países, la Unión Europea es la entidad a la que se debe hacer referencia en múltiples aspectos. Sus Estados no tienen capacidad de firmar tratados comerciales ni de pesca, así como tampoco gestionar las extintas monedas nacionales (aunque haya otras en período de extinción).

La Unión Económica y Monetaria ha dotado a esa organización de una serie de competencias – como la libertad de movimiento de capitales, servicios, mercancías y trabajadores – pero no de capacidad para armonizarlas. Si bien es cierto que el Euro, la moneda común, es gobernado por un Banco Central Europeo independiente del poder político, tal y como indica la receta mágica neoliberal, las políticas fiscales siguen en poder de los Estados. En Italia las instituciones existen pero, como mínimo, no actúan. A nivel europeo la miopía de sus líderes no les permite consolidarlas.

La actual crisis económica europea no ha devenido en crisis institucional, y aquí hay que recordar que una crisis también puede tener resultados positivos. Las instituciones comunitarias no podrán dar una salida a los problemas comunes si no se le dota de herramientas para distribuir de forma autónoma y democrática los recursos públicos. No hablamos solo de políticas de creación de empleo (que actualmente no es el mayor problema de la economía europea), sino de estímulos públicos que se asignen en función del interés común y no del de un determinado Estado, reduzcan la asimetría de los efectos de la crisis y contribuyan al crecimiento, engordando así la pierna del ingreso presupuestario y no adelgazando la del gasto, a la moda de los ochenta. Ese interés común no es, como se podría pensar, un bonito deseo: en una economía tan interdependiente como la europea es una obligación de unos líderes responsables que hoy, desgraciadamente, no existen.

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