El negro futuro de José Blanco

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido investigar a José Blanco, ministro de Fomento hasta hace unos días, por su posible implicación en el “caso Campeón”. La Justicia tiene la oportunidad de demostrar que sigue viva para todos.

José Blanco, José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chavez

Desde que el pasado mes de octubre El Mundo publicara las primeras investigaciones sobre el escándalo, el ex ministro insistió en su inocencia con argumentos como la desacreditación del empresario Jorge Dorribo -imputado en el caso, pero no condenado- o denunciando el supuesto linchamiento al que estaba siendo sometido por las filtraciones desde el juzgado.

Olvidaba Blanco que, meses antes, él mismo había atacado en múltiples ocasiones a Francisco Camps utilizando como argumento las filtraciones que publicó El País. Lo cierto es que si Blanco se hubiera aplicado su propio baremo, la única salida hubiese sido dimitir de sus cargos de ministro y portavoz del Ejecutivo. No lo hizo y tuvo que enfrentarse a las preguntas de los periodistas, donde recalcó que “no hay caso Blanco”. Ahora parece que sí lo hay.

Decía el Rey en Nochebuena que la justicia debe ser igual para todos, en clara referencia a su yerno. Ese deseo se debe hacer extensible a todos los políticos. Lo que también debe ser igual para todos es la manera de asumir responsabilidades políticas. No es de recibo que Blanco pidiera la dimisión de Camps por un caso jurídicamente menos grave y que luego no se aplique la misma medicina. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero un político no puede permitirse ejercer su profesión si sobre él pesan posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Y menos aun si forma parte del Gobierno de la Nación.

Los casos de Blanco y Iñaki Urdangarin pueden hacer que los españoles vean de otro modo la judicatura. La mala visión que la mayoría tiene de las altas instancias judiciales puede dar un giro. La justicia tiene la oportunidad de hacer ver que sigue viva y que, como suele decirse, es igual para todos. Una instrucción ejemplar de estos dos casos es ahora más necesaria que nunca. Los españoles quieren corroborar que los privilegios no sirven de nada cuando se ha cometido un delito. Si por el contrario resultan inocentes, la ciudadanía estará igualmente satisfecha al comprobar que el sistema judicial funciona correctamente. Y a todo esto, Camps en el banquillo. En ninguno de estos casos puede quedar la más mínima laguna.

Muchos opinan que lo que se está juzgando en estos tres casos son las relaciones entre la política de moral laxa y los empresarios de poca monta. Se está analizando la impunidad de los políticos y se está deliberando si muchos empresarios, por el mero hecho de ser amigos de un representante público, tienen derecho a realizar actividades ilegales. En definitiva, se juzga lo que muchos ya creen: la cultura de la subvención es un magnífico caldo de cultivo para la corrupción.

Fotografía:  Ervin Sarkisov

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