El futuro de RTVE a destiempo

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Desde julio del año pasado, RTVE no tiene un presidente designado. La dimisión de Alberto Oliart, exigida por el PP, se produjo principalmente debido a los escándalos que le acusaron de utilizar su puesto para beneficiar a miembros de su familia. Desde ese día no se ha nombrado un nuevo presidente, ya que los dos partidos mayoritarios de España no han llegado a un acuerdo, tal como lo exigía la Ley de 2006.

Sede de RTVE.

“La situación de bloqueo de RTVE tiene los días contados”, aseguraba el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Para el partido que gobierna, la solución al conflicto de la elección del presidente de RTVE ha sido cambiar la ley que exigía el acuerdo de dos tercios de la Cámara Baja. Ahora, si esto no se logra en una primera ronda, será suficiente con que se apruebe un presidente por mayoría absoluta. Las críticas a este nuevo sistema recaen en el hecho de que el PP podrá elegir al nuevo presidente sin pactar con ningún partido.

El PSOE niega que exista ese “bloqueo” al que se refiere el PP. Los dos partidos se acusan de no buscar el consenso necesario y de evitar el diálogo sobre el tema. La portavoz del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, aseveró que el cambio en la ley promovido por el PP está ideado para “controlar RTVE y poder imponer su voluntad” en la radio y televisión públicas.

La prisa que tiene el PP por designar al nuevo presidente se debe a la situación “insostenible” y a la “parálisis de gestión” en la que se encuentra RTVE desde la dimisión de Oliart, según ha asegurado el ministro de Industria, José Manuel Soria. El otro gran catalizador es la crisis que vive España. Se prevé reducir el presupuesto para RTVE en más de 200 millones de euros, y el hecho de que no haya una directiva estable en la corporación hace casi imposible cumplir esta meta.

Por otro lado, CiU, ha apoyado la medida del PP, alegando que se debe acabar con la “parálisis que vive RTVE”, aunque su diputada Montserrat Surroca personalizó la decisión, mostrándose en contra del recurso de imponer “de manera abusiva” esta nueva ley como decreto por parte del Gobierno.

¿Está entonces asegurada la independencia de RTVE? El Partido Popular expresa continuamente que busca el diálogo y el consenso. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Juan Luis Gordo (PSOE) comentó que “este decreto es un error jurídico, institucional y democrático que supone un retroceso a la independencia de la democracia que ha presidido la gestión de los últimos años de la televisión pública. Han faltado a la palabra”.

El actual partido en el Gobierno critica la dirección de la corporación y los informativos de TVE llevados a cabo en los últimos años, acusando al ente de manipular la información para favorecer al gobierno socialista.

Legalmente, el Partido Popular no tiene ningún obstáculo para designar una directiva que defienda sus intereses, pero tiene el compromiso democrático de escuchar a las demás fuerzas políticas que representan a gran parte de los españoles. Así, ya se barajan varios candidatos para el polémico puesto. El que tiene más posibilidades de ser aprobado por consenso es Manuel Campo Vidal, actual presidente de la Academia de TV. Por otro lado figuran nombres más cercanos al PP, como el exsecretario de Hacienda durante el Gobierno de Aznar, Estanislao Rodríguez-Ponga, Luis Blasco (responsable de Telefónica en Argentina) y Francisco Campos (exdirector de Televisión de Galicia). La fecha tope para presentar las candidaturas es el próximo 4 de junio, y éstas serán sometidas a una calificación antes de debatirse en el Congreso. 

Con acuerdo o sin acuerdo, el futuro de la corporación de medios públicos españoles es incierto. La crisis económica y, sobre todo, política hace dudar de su independencia y calidad en el futuro. Si los recortes no son suficientes, la privatización, el retorno de la publicidad o la imposición del canon dejarán de ser temas tabú.

Fotografía: Carlos Rosillo/ El País

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