El ABC de la especulación urbanística

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Las ediciones de los diarios e informativos de radio y televisión y otros soportes de los últimos días han estado repletas de noticias relacionadas con la especulación urbanística. Algo que hace que se descubra, de momento, tan solo la punta del iceberg de una actividad que hace aflorar un compendio de empresas sustentadas por personajes sin ninguna relevancia anteriormente y favorecidas por políticos y por la lentitud de la justicia. Poco a poco la sociedad va usando la “jerga del hormigón” y hablando de unos temas que empiezan a entrar dentro del “top 10” junto con las clasicas preocupaciones recogidas en encuestas del CIS tales como terrorismo, paro, inmigración o seguridad ciudadana.

Según el diario EL PAÍS entre 1990 y 2005 la superficie edificada aumentó un 40% en España con unas 800.000 viviendas anuales. Desde 1998, los precios de los pisos han subido un 150%.

El “pelotazo”
El método es bien sencillo. Todo suele empezar con la recalificación del suelo. Primeramente se adquieren terrenos bajo la calificación de “no urbanizable”, calificación que depende siempre del consistorio local donde se ubiquen los terrenos. Existen excepciones como en la ciudad alicantina de Cox donde la Generalitat ha retirado y asumido sus competencias urbanísticas o Marbella donde todas las competencias consistoriales son administradas por una junta nombrada por la Diputación de Málaga.

Posteriormente entra en juego el juego político por el que ha adquirido el trerreno, que consigue que se recalifique y pase a ser “urbanizable”. Es hora de vender por hasta diez veces más del valor por el que se adquirió. Los beneficios son millonarios. El riesgo mínimo. Todo legal, siempre que no haya sobornos.

El paraíso litoral
España posee un tercio de los billetes de 500 euros de la Unión Europea, dato muy significativo para medir la circulación de dinero negro. La provincia de Alicante, dentro del territorio nacional, encabeza la lista de número de estos billetes, conocidos también como los “Bin Laden”.

En Alicante el juez ha imputado al alcalde Luís Díaz Alperi, del PP, y a dos concejales por prevaricación y adjudicaciones irregulares. Un informe de la Guardia Civil apunta que alcalde de Albatera (Alicante), del PSOE, pudo beneficiar al promotor Francisco García Geraldo, que ha cometido un presunto delito contra la ordenación del territorio. El alcalde de Orihuela (Alicante), del PP, ha reconocido ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

En otros casos existe una perfecta simbiosis entre una, o varias, administraciones y diversos empresarios. Es el caso de la capital alicantina del turismo, Benidorm. El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana (también ex alcalde de Benidorm) creo hace unos años lo que se dio a conocer como “premio hotelero” por el que varios hoteles, en construcción, podían superar la volumetría permitida a cambio de compensaciones, básicamente en terrenos, al Ayuntamiento. Entre otros, el hotel Victoria construyó dos plantas de más y el hotel Bali (el más alto de Europa en aquel momento) tenía informes negativos procedentes del consistorio benidormense. El alcalde del momento, Vicente Pérez Devesa (del PP), fallecido en marzo de este año, autorizó las obras sin llegar a exigir compensación alguna. El portavoz  del gobierno municipal en aquel momento, el hoy primer teniente de alcalde, Salvador Moll (PP) declaró que “se estudiarían las compensaciones”. Han pasado cinco años y aun no se han producido. Los hoteleros manifestaron que todo se produjo “en la más absoluta legalidad” y que ello lo prueba que nadie les haya llevado ante los tribunales.

Otras provincias se suben al carro.
En Hellín (Albacete) con un Ayuntamiento gobernado por los socialistas, Junta de Castilla-La Mancha y Consistorio local autorizaron la ejecución de un proyecto urbanístico en “Las Higueritas”, un terreno protegido por la comunidad. El hecho fue denunciado ante la fiscalía anticorrupción por Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento de las Navas del Marqués (Ávila), del PP, dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. En Navahondilla (PP), con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

Coruña, Canarias, Cantabria, Córdoba, Pontevedra, Salamanca, son provincias y comunidades que no se libran de los casos de corrupción, a parte de los clásicos: la costa andaluza, Murcia y levante.

Madrid ha sonado mucho estos últimos días, sobretodo por el caso de Ciempozuelos donde su alcalde socialista fue obligado a dimitir tras conocerse que pretendía una gran recalificación de terrenos y que ingresó 800.000 euros en Andorra.

Los socialistas han expulsado a todos sus alcaldes corruptos del seno del partido. El PP no lo ha hecho, pero ha anunciado que en muchos casos se personará como acusación particular ante la fiscalía anticorrupción. Lo cierto es que a muchos miembros de estos dos grandes partidos e, incluso, de Izquierda Unida, se les ha descubierto casos de corrupción o están bajo sospecha.

Viviendas ilegales y otros “chanchullos”
Las viviendas ilegales se suelen ubicar en terreno rústico. Entre enero de 2005 y junio de 2006, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 construcciones ilegales. Suelen ser viviendas personales donde se hace verdadera magia para hacer llegar los suministros de agua, luz y gas.

En localidades como Zurgena (Almería), la fiscalía pidió el proceso de todos los concejales por permitir 1.300 chalés en suelo rústico, según publicaba EL PAIS, el pasado 29 de octubre.

En Finestrat (Alicante) con un Ayuntamiento gobernado por el PSOE durante toda la democracia se ubican varias viviendas en suelo rústico con el conocimiento de la autoridad local. En alguna ocasión, según fuentes cercanas al consistorio, algún familiar de algún miembro bien situado en el gobierno local revisa el proceso de alguna de esas casas (de construcción particular).

Las elecciones municipales y regionales están próximas, por ello los partidos en la oposición se afanan en escarbar y encontrar ilegalidades en el ámbito urbanístico. El concejal de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), Luís Ángel García, denunció la pérdida, este verano, de dos expedientes sancionadores a un hotel de Salvador Moll (primer teniente de alcalde). La obra ilegal emprendida por el hotel sancionado (el Cimbel), en primera línea de playa, fue sancionada con dos expedientes que exigían el pago de más de 250 millones de las antiguas pesetas. Hoy los socialistas temen que esos expedientes sancionadores prescriban.

La anécdota
La Cadena Ser anunciaba hace poco que Woody Allen tiene en mente rodar una película en España. Concretamente en la localidad Valenciana de Cullera, donde una futura urbanización autorizada por consistorio y Generalitat hará que la ciudad se parezca a Manhatan.

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