México, antes de Peña Nieto

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El domingo 27 de junio de 2004 la ciudad de México se vistió de blanco para salir a las calles para protestar y exigir al gobierno federal, estatal y municipal frenar la delincuencia. El movimiento tuvo presencia de varios estados de la república en la “megamarcha” de la capital. La demanda fue generalizada: desde los sobrevivientes de los feminicidios en Ciudad Juárez, hasta organizaciones civiles, como México unido contra la delincuencia, asambleístas y población civil se unieron en la muestra de descontento social ante la evidente falta de gobernabilidad que enfrentaba el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto.

Calderón Peña Nieto. Foto de Nikon D800Las elecciones de 2006 reflejaron una votación cerradísima, que ganó el candidato panista a la presidencia por un margen de 0.56% sobre la segunda preferencia del electorado mexicano, la candidatura del PRD. Esto orilló al presidente a emitir declaraciones desafortunadas y a ejercer una presidencia habida de reconocimiento popular.

Felipe Calderón, desde su candidatura prometió y firmó el documento “Demandas prioritarias de México Unido contra la Delincuencia a los candidatos a la Presidencia de la República”. En el escrito, la asociación civil (México unido contra la delincuencia) exige respuesta a 10 puntos para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, entre ellos desarrollar una política de Estado en materia de prevención del delito”.

Este hecho atestiguaba el momento en que el discurso oficial tomaría forma en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Bandera política que parecía ser la indicada para ganar apoyo y reconocimiento popular para un ejecutivo cuestionado ampliamente por la opinión pública y sociedad en general. El presidente cometió el error de sacralizar al “narco” (contracción de la palabra narcoráfico) como icono por excelencia de este fenómeno y no al secuestro, robo o extorsión. Objetivos, claramente menos ambiciosos y por los que 2 años antes la población se manifestaba en las calles de la ciudad capital del país y no precisamente contra el “narco”.

La posición se concretaría por primera vez 10 días después de haber asumido el cargo: el 11 de diciembre, comienza “El Operativo Conjunto Michocán”, que  inaugura las acciones de la «batalla» contra la delincuencia organizada por parte del gobierno de Felipe Calderón. Dos años más tarde, la noche del 15 de septiembre de 2008, en la plaza pública de Morelia, Michoacán, estado originario del entonces Presidente en curso, se vivió las detonaciones de dos granadas de fragmentación en dos puntos del centro de la ciudad: en la plaza Melchor Ocampo (a un costado de la catedral de Morelia y casi enfrente del Palacio de Gobierno de Michoacán), y en el cruce de la Avenida Fco. Madero Poniente (la principal arteria vial de la ciudad) y la calle Andrés Quintana Roo. Estas explosiones se produjeron cuando en el área centro de la ciudad (cerrada al tráfico vehicular para la realización del acto), se encontraban reunidas alrededor de 30.000 personas para la ceremonia del grito de independencia.

Tras el atentado 3 personas fallecieron, pero en la madrugada del 16 de septiembre 4 de los heridos graves también se convirtieron en víctimas mortales del acto. El número oficial de heridos ascendió a los 132, entre ellos diversas personas que perdieron las extremidades.

El hecho “terrorista” suscitó una serie de declaraciones apresuradas y viscerales por parte del jefe del Ejecutivo. La “estrategia” hasta entonces era volcar al ejercito a las calles y “acabar con todos los malos” (sic), sin embargo morirían muchos, que no necesariamente fueron malos, víctimas que dieron en llamar, “daños colaterales”. Tal fue el caso del 28 de Abríl de 2011, cuando la policía encontraba, junto con otros cadáveres, el de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia. Hecho que desencadenó el movimiento por la paz con justicia y dignidad en el país. El poeta, el 8 de mayo llega al zócalo, caminando desde Cuernavaca, Morelos y con su movimiento pide la renuncia del secretario de seguridad pública federal, entonces Genaro García Luna y extiende la invitación al diálogo con el gobierno federal, ante la evidente incapacidad de éste para ofrecer las investigaciones pertinentes y adecuadas en todos los casos de desapariciones, homicidios, secuestros, etc.

Fue hasta septiembre de 2012, al final de su mandato, cuando durante la Sesión 67 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Felipe Calderón en su discurso pidió a los países miembros a hacer una “valoración profunda” del enfoque prohibicionista para el consumo de drogas. En octubre de 2012, los presidentes de México, Guatemala y Colombia enviaron una carta al secretario de la ONU Ban Ki-moon, pidiendo a Naciones Unidas encabezar una discusión tendiente a encontrar soluciones con enfoques nuevos y eficaces.

La estrategia del presidente Calderón parecía estar dando un giro dramático. La guerra costaría, según datos del Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) publicados el 30 de Julio de 2013, 121 mil 683 muertes violentas. Cabe aclarar que durante la administración calderonista, la estrategia de seguridad formalmente se presentó en el documento “plan nacional de seguridad 2008-2012” (sin mucho éxito), para estar siendo aplicada hasta 2012.

El 1 de diciembre de 2012, el presidente electo Enrique Peña Nieto asume la presidencia en Palacio Nacional, Centro Histórico de la Ciudad de México. Y en medio de un clima de protestas de centenares de grupos acusaban a Peña Nieto de haber comprado la presidencia mediante redes clientelares, asociación con empresas televisivas oligopolicas, compra de votos, etc. El IFE fallaría con una multa millonaria a cada partido: aparentemente todos los partidos habrían violado los topes de campaña. Las multas fueron: PRI, 148 millones; PRD, 59.6 millones; PV 50.2 millones, PT, 38.7 millones; MC, 37 millones; PAN, 5.5 millones; PANAL, 2.5 millones.

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