¿De dónde viene la política de seguridad de Peña Nieto?

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Tras las elecciones federales de 2012 la configuración política al interior de las cámaras legislativas federales dio prácticamente mayoría absoluta al partido del presidente en ambas cámaras. Con lo que acceden, casi por sí mismos, a la cerradura del sistema político y a la capacidad de modificar la constitución.

El senado se conforma por 128 senadores, de los cuales 64 se distribuyen por el principio mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional (primera minoría) y 32 por sistema de listas por partido, mediante el principio de representación proporcional. La cámara de representantes está conformada por 500 diputados, de los cuales 300 corresponden al principio de mayoría relativa y 200 por Representación proporcional.

El PRI (partido en el gobierno federal, de centro) tiene 52 senadores y 212 diputados; el PAN (Segunda fuerza política, de centro-derecha) tiene 38 y 114, respectivamente. El PRD (que gobierna la capital, de centro-izquierda) 22 y 104. Partido Verde, (aliado tradicional del PRI, de centro-derecha), 9 y 29. Movimiento Ciudadano (Antes Convergencia, partido representante de la social-democracia, de izquierda), 1 y 16. Partido del Trabajo (oposición de izquierda) 5 y 15. Y el novedoso partido Nueva Alianza (de centro-derecha), 1 y 10.

Firma de Pacto por Mexico. Foto cedida por Wikimedia CommonsEn este contexto, el partido del ahora presidente mexicano propuso el “Pacto por México”. Un documento firmado por los dirigentes de los tres principales partidos  políticos, PRI, PAN, PRD. La lógica tras un arreglo institucional de tal naturaleza es contar con un programa coalicionista de gobierno que pueda garantizar la mayoría calificada de 2/3 partes en ambas cámaras y acceder a la revisión favorable de las posibles reformas constitucionales por las legislaturas locales, donde cuando menos 17 deberán aprobarles, antes de que regrese a la cámara de origen o al Presidente para proceder con la promulgación y publicación de la entonces nueva ley.

El Pacto por México se rige por  tres ejes fundamentales:
1.- El fortalecimiento del Estado Mexicano.
2.- La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales. Y,
3.- La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

Este pacto “pretende sentar las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento económico, construir una sociedad de derechos”. Lo que quiere decir una nueva constitución, que al cabo durante éste sexenio se conmemorará su primer centenario desde el constituyente de 1916-17´. En ese tenor, Peña Nieto propone una Constitución que genere bienestar popular, disminuya la pobreza y la desigualdad social, sic.

El Pacto mencionado dice que “las fuerzas políticas impulsarán reformas de ley y acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos. Menciona que el principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Al respecto, irónicamente al comienzo de la administración de Peña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló el 23 de enero de 2013, con el amparo llano y liso para la ciudadana de origen francés Florance Cassez, a quien se le violó el debido proceso y esto ocasionó que el Estado tuviera que liberarla  aún después de haber sido identificada por el secuestrado.

El consultor mexicano en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez comenta que “en el corto plazo la autonomía –política respecto de la de EEUU- plantea el desafío de desarrollar fuentes propias de inteligencia que permitan infiltrar a las organizaciones criminales y poner en práctica una política de prevención y disuasión de la violencia, los delitos de alto impacto y de reducción de los daños que genera el narcotráfico”.

Sobre al tema del Narcotráfico, lo más que se ha dicho en el discurso ha sido la disposición del Ejecutivo Federal y local de la ciudad de México para debatir el asunto de la comercialización legal de la marihuana, así como de su producción y de la política de drogas que habría que legislar, en caso de sacar a la planta de la lista de estupefacientes o drogas ilegales en el código de delitos contra la salud.

Al respecto, la opinión personal del ciudadano Enrique Peña es en contra de la legalización de la marihuana; pero su posición como presidente, según Roberto Campa Cifrian, Subsecretario De Prevención y Participación Ciudadana de La Secretaría de Gobernación es: en contra de facilitar el consumo de marihuana y otros estupefacientes. Posición que de hecho se satisface regulando y controlando su acceso, tanto a una o como a otros.

En cuanto a la política pública de seguridad y de justicia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, tiene como propósitos fundamentales:

  1. La reducción de la violencia;
  2. El combate a los delitos -de manera señalada, aquellos que más vulneran a la sociedad; como son el homicidio, el secuestro y la extorsión-;
  3. El restablecimiento de la paz en nuestro país, tal cual lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, particularmente en el eje rector “México en Paz, que contiene las bases para:
    1. fortalecer nuestro pacto social,
    2. reforzar la confianza en el gobierno,
    3. alentar la participación social en la vida democrática y,
    4. reducir los índices de inseguridad.

El uso de la violencia legítima sigue siendo un mecanismo socorrido por las autoridades para confrontar manifestantes agresivos, costumbre cultural. De hecho, sobre violencia México tiene 9 ciudades dentro de las 50 con mayor tasa de homicidios intencionales. La segunda del posicionamiento es Acapulco, con 142.88 homicidios por cada 100mil habitantes. Y la número 47, Monterrey, con 30.85 cada 100mil habitantes. Según el INEGI, en 2012 hubo más de 105, 600 secuestros, pero sólo 1317 denuncias. El tema del narcotráfico desapareció del discurso oficial, dejando en la ambigüedad el tema y suponiéndolo como parte de la reducción de los “índices” de seguridad oficiales.

Hasta ahora se han aprobado las reformas, Laboral, Educativa, Telecomunicaciones, entre las principales; pero quedan pendientes la Energética, la Político-Electoral, entre las más polémicas. Jamás se habían pasado tantas reformas constitucionales en tan poco tiempo. Sobre ampliación de libertades, derechos exigibles o recuperación de la Paz, el panorama luce prácticamente igual de desolador que con Calderón.

Diario Reforma publicó el 1°de diciembre su tercera evaluación al Presidente, donde se reflejan bajos niveles de popularidad. Entre los ciudadanos 44% de apoyo, y 40% entre los líderes de opinión. Que indica una caída de 8 puntos por cada 100 de apoyo popular de Julio a la fecha.

Entre las razones que da el diario para explicar tales niveles están: el gravamen impositivo a refrescos, la reforma educativa, energética, hacendaria, la homologación del IVA en los estados con frontera estadounidense y por último, el combate al crimen organizado. Reforma encuestó a 1020 mexicanos adultos, seleccionados en varias etapas y con base en el listado de secciones electorales del Instituto Federal Electoral (IFE), del 21 al 24 de Noviembre. A los 775 líderes (entre empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil) se les realizó un sondeo vía correo electrónico entre el 22 y 26 de Noviembre

El plan de seguridad parece tener una forma más integral y estructurada que las declaraciones por las cuales la opinión pública interpretaba la correspondiente del entonces presidente Felipe Calderón (FCH). Fue hasta 2009 que FCH presentó formalmente y de manera tropezada el Plan nacional de Seguridad Pública, que básicamente daba completa facultad a la policía para usar cuanta fuerza fuera necesaria. Hay ahora un documento que para todo fin práctico parece un programa de gobierno, que establece la agenda política del orden de las reformas estructurales. Sin embargo, será hasta que se vuelvan operacionales que se vea realmente si el diseño legislativo es efectivo o no.

 

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