Creciente crisis en la frontera

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A pesar de lidiar continuamente con la corriente de inmigración ilegal y atraer polémica por sus inefectivas medidas de defensa, el futuro en el territorio de Ceuta se presenta inamovible. Tras el incidente que le costó la vida a 15 subsaharianos la Comisión Europea es la primera en lanzarse a pedir explicaciones al Gobierno que hasta el momento se niega a admitir responsabilidad.

Flickr - kainita

La madrugada del 6 de febrero centenares de inmigrantes decidieron emprender, como tantos cada día, el arriesgado camino a una de las dos regiones españolas en el continente africano: Ceuta. Algunos de ellos intentaron acceder a nado bordeando el espigón de El Tarajal, pero dicha táctica les costaría a más de una docena la vida al toparse con la policía antidisturbios en la arena. La Guardia Civil procedió a disparar pelotas de goma como táctica disuasiva, acarreándole la muerte a 15 subsaharianos.

Graves incoherencias marcaron los discursos oficiales del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil con respecto a lo ocurrido hasta que, en un intento de enmendar dichos errores, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz admitió que se había empleado material antidisturbios: balas de goma, de fogueo y bombas de humo. Una semana después de la tragedia Cecilia Malmström de la Comisión Europea expresaba su preocupación por el uso de tales materiales añadiendo que esperaba “clarificación por parte de las autoridades” con respecto a lo ocurrido. “Estas (las pelotas de goma) podrían haber provocado el pánico con el resultado de que algunos inmigrantes pudieran saltar al mar y se ahogaran o fueran aplastados por el muro”, expresó la comisaria en una carta destinada a las autoridades españolas a mediados del mes de febrero. En respuesta a la postura firme de Malmström el ministro Jorge Fernández tachó sus declaraciones de “imprudentes e inadecuadas” a la vez que aseguraba que no podía demostrarse relación directa entre la táctica de la Guardia Civil y las muertes.

El Gobierno ha pasado de negar los hechos a defenderse ante la creciente presión europea hasta, finalmente, pedir ayuda. Interior solicita 45 millones de euros de fondos europeos para hacer frente a la presión de inmigración considerando que tanto Ceuta como Melilla son áreas de alto riesgo. No obstante, ninguno de los dos está catalogado a nivel comunitario como tal aunque desde la Agencia de Control de Fronteras Exteriores su director, Gil Arias, asegura que estudiarían y apoyarían la petición de ayuda de España si esta la solicitara.

Tal preocupación existe acerca de las tácticas empleadas en las fronteras que el propio comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, mostró su inquietud ante las explicaciones del Gobierno español y su intención de adaptar la ley para expulsar en caliente a los indocumentados. “Espero que las autoridades se tomen en serio sus obligaciones. Si no, la reputación de España sufrirá” sentenció en una entrevista para El País.

La necesidad de deliberar el tema y buscar soluciones se hace aún más evidente al destaparse las últimas cifras. El martes 4 de marzo en torno a 1.500 subsaharianos intentaron adentrarse en el territorio de Ceuta, centenares de ellos del mismo modo que los fallecidos apenas un mes antes. Ante la amenaza de continuas oleadas migratorias el Ministerio del Interior ha decidido reforzar y mejorar las fronteras, principalmente aumentando el número de guardias civiles e instalando mallas antitrepa para evitar el salto de las vallas. Aun queda por comprobar la efectividad de dichas decisiones y si la intervención europea será necesaria para garantizar una correcta y digna defensa del país.

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