China se enfrenta al escándalo de corrupción mientras aumenta la brecha social

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El escándalo de corrupción en China, desvelado hace unas semanas, sigue salpicando a los dirigentes comunistas. Tras hacerse pública la investigación que reveló actividades financieras ilícitas de la élite china, el Partido ha intentado desmarcarse prometiendo castigo y transparencia. Sin embargo, se enfrenta ahora a uno de los principales problemas del país: el creciente malestar por el aumento de la desigualdad social.

Xi Jinping. Foto de wikimediaEl Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) filtró a diversos medios internacionales una base documental sobre paraísos fiscales de origen chino. La investigación revelaba que 13 familiares de máximos dirigentes comunistas y 16 magnates han mantenido actividades secretas en refugios opacos, ocultando empresas y cuantiosas cantidades de dinero. El principal destino de estas actividades ilícitas ha sido las Islas Vírgenes Británicas, donde aparecen casi 22.000 clientes extranjeros con direcciones de China y Hong Kong. Entre ellos se encuentran algunos de los hombres y mujeres más poderosos del gigante asiático; incluidos miembros de la Asamblea Popular Nacional, directivos de empresas estatales y las 16 personas más ricas del país. También hay en la lista familiares cercanos a los dirigentes comunistas, como una empresa inmobiliaria del cuñado del presidente Xi Jinping, o el hijo y yerno del exprimer ministro, Wen Jiabao. Los números son incluso más alarmantes si tenemos en cuenta que en las Islas Vírgenes Británicas solo hay 27.000 habitantes, pero 400.000 empresas registradas vinculadas a ciudadanos chinos.

Los funcionarios chinos no están obligados a hacer públicos sus bienes, por lo que, según los expertos, las fortunas fuera del país no serían ilegales estrictamente. No obstante, podrían evidenciar el uso encubierto de su poder oficial para enriquecerse. Hasta ahora, los ciudadanos en general han permanecido más bien ajenos a esta economía paralela de la élite china. Pero el crecimiento económico de la población se está ralentizando y el descontento social empieza a asomar, más aún cuando son testigos del fuerte aumento de la desigualdad. Desde que Deng Xiaoping abandonó la economía central planificada y se pasó al capitalismo bajo el gobierno del partido único, se ha enriquecido notablemente un pequeño sector de la población cercano al poder. La liberalización de la economía china permitió un gran despegue económico que sacó de la pobreza a millones de chinos y convirtió al país en la segunda economía del mundo. Este éxito se ha visto acompañado del crecimiento feroz de las desigualdades, tanto sociales como geográficas; además de corrupción, contaminación y una burbuja inmobiliaria.

La nueva generación de líderes, surgidos del congreso del Partido Comunista Chino en 2012, ha decidido luchar contra la corrupción. Son conscientes de la amenaza que supone para la supervivencia del partido, ya de por si castigado por la falta de credibilidad. Siguiendo esta línea, y consciente del creciente malestar social, el actual presidente prometió tomar cartas en el asunto. Paradójicamente, la respuesta oficial de Pekín al escándalo de los paraísos fiscales ha sido el apagón informativo, bloqueando las páginas webs de los medios internacionales que informan del caso. La cúpula teme las protestas e intenta evitar que se agudice la inquietud ciudadana.

A pesar de estos intentos, las protestas contra los abusos de poder se han multiplicado en los últimos años. Mientras había crecimiento y empleo, las tramas de corrupción han vivido en segundo plano y el avance generalizado de la sociedad legitimaba al Partido en el poder. Pero ahora el flujo opaco de capitales disminuye la redistribución de la riqueza, y la población lo está notando. Esta situación podría derivar en la crispación y estallido social que Pekín tanto quiere evitar.

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