Afectados por los desahucios defienden el derecho a la vivienda frente al Ayuntamiento de Madrid

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La sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha sido, durante la tarde de este sábado, el punto de encuentro de cientos de afectados por los desahucios en la Comunidad. A las seis de la tarde y ataviados con pancartas avanzaban hacia la Plaza Cibeles escoltados por los servicios policiales. La manifestación, convocada con legitimidad por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha terminado frente al Ayuntamiento entre pitidos y reivindicaciones para la clase política, en un ambiente pacífico y de apoyo a las familias de los afectados.

Manifestación PAH
Manifestación PAH

La PAH puso en marcha a lo largo de esta semana la convocatoria bajo sus tres demandas centrales: garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda para todos y para todas, el cese de lo que consideran una violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de un juicio contra la estafa financiera y, muy especialmente, visibilizar la llegada de fondos buitre a nuestro país y la responsabilidad de seguir haciendo un negocio del derecho a una vivienda digna. Su mayor preocupación reside ahora en la privatización de determinadas viviendas públicas, puestas a la venta por el Ayuntamiento de Madrid.

Una de sus organizadoras, María Cristina Escribano, detalla que el problema actual es “la privatización que está llevando a cabo el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) sobre el parque actual de viviendas públicas”. Esta privatización, según escribano, “pasa por la venta de 3.000 viviendas de El Plan Joven  a fondos buitre, entre ellos Goldman Sachs-Azora”. Estos llamados fondos buitre son fondos de capital de riesgo o de inversión libre invertidos en una deuda pública. Es una compra en el mercado de deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra.

El colectivo ha conseguido aunar en la concentración a personas de todas las edades y nacionalidades, muchas de ellas a la espera de ser desahuciadas. El número de asistentes ha sido de 300 según la Policía y de 10.000  según la organización. Entre las principales consignas se han escuchado gritos de “No son suicidios, son asesinatos” o el reiterado “Tenemos derecho a tener un techo”. A lo largo de la marcha muchos de los asistentes han portado pancartas en las que detallaban su historia. Es el caso de los afectados de las viviendas públicas de Navalcarnero. En esta localidad 192 familias recibieron por sorteo la concesión del IVIMA de una vivienda pública que, afirman, “se ha convertido de la noche a la mañana en privada”.

La venta de estas viviendas de El Plan Joven el pasado mes de agosto por 201 millones de euros, ha provocado la incertidumbre de numerosas familias. El fondo inversor se ha comprometido con el IVIMA a mantener los alquileres sociales durante al menos dos años. La preocupación es saber qué pasará al término de este plazo. Anteriormente, el pasado 24 junio, la EMVS anunciaba haber vendido al fondo alemán Blackstone 1.860 inmuebles. Mientras se mantiene en proceso la venta de numerosas viviendas públicas de Leganés al mismo fondo inversor. Para los afectados el verdadero interés de dichas empresas es esperar al vencimiento de los alquileres para hacer negocio con la vivienda una vez sea libre.

En una convocatoria similar el pasado mes de octubre, la PAH llegó a colapsar el Banco de España cuando cientos de personas presentaron diversas reclamaciones al supervisor bancario a fin de que investigase las actividades presuntamente delictivas ejecutadas por las entidades bancarias.

Pero no sólo la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo estas ventas. La Generalitat de Cataluña se ha reembolsado 172 millones por 13 edificios vendidos a AXA después de que Andalucía y la Comunidad Valenciana fueran las primeras en sacar sus edificios al mercado.

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